Las primeras sentencias de los juicios individuales de afectados del ERE municipal que se vienen celebrando desde principios de mes se están empezando a conocer y están empezando a llegar a algunos ex trabajadores municipales. Los despidos son declarados improcedentes por el juzgado nº1 de lo Social, excepto los de los mayores de 59 años, cuya procedencia avala el juzgado. La aplicación de los criterios de selección del personal incluido en la lista de afectados ha sido la causa principal para que el admita la improcedencia de unos despidos cuya elección tildó de "arbitraria" el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque fue el Tribunal Supremo quien dio la razón al gobierno local el pasado mes de junio, eso sí, seis de los 14 miembros de la Sala emitieron un voto particular pidiendo la anulación del expediente.
Los parámetros seguidos por el Ayuntamiento para elegir a los incluidos en la lista "han sido totalmente arbitrarios y carentes de la menor objetividad", según asegura el abogado Ramón Dávila, que ha llevado el caso de varios trabajadores. En la memoria presentada al TSJA, el Ayuntamiento expuso que los criterios seguidos para formar la lista del ERE fueron las competencias técnicas, experiencia, habilidad, polivalencia, eficiencia y productividad y formación, criterios sobre los que no hay "constancia documental". Teniendo en cuenta la "complejidad del proceso y la cantidad de trabajadores objeto de posible análisis y comparación", lo que requería de procesos escritos, el hecho de que no existan es para Dávila "sintomático de la actuación arbitraria del Ayuntamiento".
La admisión por parte de la jueza de las grabaciones en las que Francisco Cáliz afirmaba que no emitió ningún informe para la selección de los afectados ha sido finalmente clave para tomar una decisión. "Digo lo que he dicho siempre (…) Yo no he hecho esto. ¿Deloitte dice que esto lo hemos hecho nosotros? Pues Deloitte tendrá que poner encima de la mesa las pruebas de que esto lo hemos hecho nosotros", se le escuchaba decir a Cáliz en unas grabaciones difundidas a través de las redes sociales y que publicó en su día La Voz del Sur. Por lo tanto, la declaración de improcedencia de la mayoría de los despidos ejecutados por el gobierno local "cae por su propio peso", ya que no se ha acreditado que se hayan aplicado los criterios señalados. Para el letrado Ramón Dávila es "evidente" que el Ayuntamiento ha empleado criterios "de manera arbitraria, desigual, discriminatoria y poco seria".
En un escueto comunicado, el Ayuntamiento ha asegurado que el Juzgado de lo Social número 1 ha notificado las primeras seis sentencias de los juicios individuales que se están desarrollando tras declarar el Tribunal Supremo: en cuatro de las sentencias notificadas los despidos han sido declarados procedentes y se corresponden, como se esperaba, al personal mayor de 59 años. En el caso de las otras dos sentencias, ambos despidos han sido declarados improcedentes por entender que no se ha acreditado suficientemente la selección realizada. Ante estas últimas sentencias, y tras mostrar el máximo respeto a las decisiones judiciales, el gobierno de Pelayo confirma que el Ayuntamiento recurrirá ambas sentencias por seguir considerando que el sistema y los criterios aplicados fueron realizados siguiendo el procedimiento explicado en la memoria del despido colectivo. El Ayuntamiento, con su alcaldesa María José García-Pelayo, ha insistido en que ésta fue una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento, siendo absolutamente necesaria y realizándose cumpliéndose la ley y sin que se produjera arbitrariedad alguna”.