El delegado de Personal, Javier Durá, asegura que el Gobierno local se esfuerza en "poner orden donde había un caos que permitía a algunos privilegios económicos inconcebibles e inasumibles", mientras que María Antonia Prado, jefa de gabinete, percibe más de 2.000 euros en productividades, cifra que se disparó en la anterior etapa de Pelayo como alcaldesa
Tras el encuentro informativo organizado ayer por la Agrupación de Técnicos Municipales (ATMJ) para dar a conocer las políticas de Personal llevadas a cabo por el Gobierno local, el Ayuntamiento contesta hoy a través del teniente de alcalde y delegado de Personal, Javier Durá, quien subraya el "esfuerzo" de los populares por "poner orden donde había un caos que permitía a algunos privilegios económicos inconcebibles e inasumibles". Durá asegura que el Gobierno local "ha realizado y sigue realizando un esfuerzo continuo que persigue la normalidad del Ayuntamiento y de su estructura y en el marco de la legalidad vigente".
Las contradicciones no acaban ahí, ya que aunque el Gobierno local anunció hace unas semanas la convocatoria de un concurso de méritos para la provisión de seis puestos de funcionarios en Urbanismo y diez en la Intervención Municipal, Secretaría General y Tesorería, pocos días antes se aprobó en Junta de Gobierno local la asignación de más de 40 personas por comisión de servicio, es decir, "a dedo", como explicó la presidenta de la ATMJ, Milagros Abascal, a este medio en una entrevista realizada días atrás, una práctica que para Abascal "demuestra el oscurantismo" con el que trabaja el Ayuntamiento.
La polémica por la política de Personal llevada a cabo por el Gobierno local viene siendo constante durante esta legislatura, ya que la ATMJ ha interpuesto una decena de demandas e incluso una representación de afectados por el ERE municipal, pendientes de su causa por el Tribunal Supremo, aseguraron el pasado mes de enero que los criterios empleados son “absolutamente arbitrarios, impropios de una administración pública”.