El juez Ruz recibe un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que señala que presuntamente la regidora del PP "participó en el procedimiento formal" para adjudicar sin publicidad a empresas del entramado de Correa la organización de Fitur 2004 por más de 200.000 euros. El gobierno local defiende que la denuncia se archivó en 2011 por el TSJM pero obvia que el caso ha sido reabierto por la Audiencia Nacional
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El informe que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Europa Press, rescata el nombre de García-Pelayo, quien recientemente ha sido aupada para presidir el comité andaluz de gobiernos locales del PP. El antiguo instructor del caso 'Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, archivó en mayo de 2011 una denuncia presentada contra ella porque los hechos se referían a Jerez de la Frontera.
La UDEF explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculo ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros. Special Events y Down Town Consulting se hicieron con un contrato negociado sin publicidad para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004 (valorado en 162.806 euros), de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre (por 39.366 euros) y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.
Los investigadores señalan que los empleados del grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, "con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal" de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez. Las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido "casi un mes" desde su finalización. "De lo que se infiere que el órgano contratante no disponía de documentación alguna al respecto con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitiera llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado", remarca el informe.
Ello lleva a pensar a los investigadores que los contratos firmados entre las partes no se correspondían a la realidad y sus fechas solo intentaban "dar una apariencia de legalidad" al procedimiento. Los agentes también sitúan en un "papel fundamental" a Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz, quien ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez. "El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros", detalla la Policía.
La UDEF destaca que participó en el procedimiento formal de adjudicación por parte del Instituto de Promoción de la Ciudad de Jerez la actual alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo. Su nombre figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo con las empresas de Correa. La UDEF precisa que consta su "antefirma y firma" en los documentos, pero sin embargo su rúbrica es la de otra persona autorizada. La persona que daba asistencia a García-Pelayo era Manuel Andrés, en su calidad de secretario del Instituto de Jerez, y quien reflejó su "antefirma, firma y rúbrica". El exdiputado del PP y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz Bernardo Villar también rubricó los contratos.
El gobierno local del PP dice que Fitur 2004 se tramitó "según la legislación vigente"
El gobierno local ha salido al paso sobre la marcha tras hacerse público el informe de la UDEF y ha tratado de exculpar a la alcaldesa asegurando que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya archivó el 30 de mayo de 2011 la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo (PP), por el caso Gürtel, si bien no especifica las razones reales que motivaron dicho sobreseimiento ni que el caso Gürtel volvió a ser reabierto por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. En este sentido, el comunicado municipal asegura que en el archivo el juez dispone no admitir a trámite los escritos de denuncia contra García-Pelayo, "ya que se acreditó que el procedimiento se había tramitado conforme a lo establecido en la ley".
De esta manera responde el gobierno local al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se precisa que García-Pelayo participó en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos. En un comunicado, el Consistorio señala que la investigación de la UDEF "se centra en personas ajenas al Ayuntamiento de Jerez". Asimismo, quiere aclarar que en la propuesta de actuación del informe de la UDEF, del 28 de febrero, en ningún caso se plantean acciones sobre personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez, centrándose "en un interrogatorio a una persona que nada tiene que ver con el Consistorio jerezano".
Igualmente, el Ayuntamiento deja claro que el expediente de contratación de actividades con motivo de Fitur 2004 se tramitó "según la legislación vigente". En este sentido, insiste en que "todo lo que se firmó desde la Alcaldía se hizo con la rúbrica del interventor y del secretario del Ayuntamiento, cumpliéndose los trámites legales y con la consignación presupuestaria correspondiente, figurando todos los pagos en la contabilidad de las cuentas municipales".
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