reportaje_registro_civil_03
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Trabajadores recogen firmas contra la "privatización" del servicio. “El Gobierno dice que los trámites van a ser gratis, pero yo no me lo creo. Creo que van a ser gratis los actos obligatorios, es decir nacimientos y defunciones, pero otros como los cambios de nombre o las capitulaciones matrimoniales", dice un funcionario del Registro en Jerez.

La “privatización” del Registro Civil queda en stand by. A partir del próximo 15 de julio estaba previsto que las tareas propias del registro comenzaran a realizarlas los registradores de propiedad y mercantiles, pero las protestas ciudadanas y las críticas de la oposición han hecho aplazar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la puesta en marcha de esta ley. Así y todo, el Gobierno asegura que no costará dinero trámites como cambiarse de nombre, pedir la nacionalidad o reconocer a un hijo. 

Sin embargo, ha propiciado numerosas críticas de los propios implicados, los trabajadores del Registro. Para Juan Antonio Criado, que lleva 15 años trabajando en el de Jerez, la nueva ley “es mala con avaricia". Las oficinas y los pasillos del edificio de García Figueras están adornados desde hace meses por carteles contra la “privatización”. “Por un Registro Civil público, gratuito, servido por funcionarios de la Administración de Justicia”, se puede leer en uno de ellos junto a la cara de Mariano Rajoy estampada en un billete de 50 euros.

¿Qué cambios trae la nueva ley? Juan Antonio Criado explica algunos: “El Gobierno dice que los trámites van a ser gratis, pero yo no me lo creo. Creo que van a ser gratis los actos obligatorios, es decir nacimientos y defunciones, pero otros como los cambios de nombre, si quieres emanciparte, hacer capitulaciones matrimoniales, cambiarte el sexo… Todo eso va a costar dinero y es lo que no dice el ministro”. “¿Cómo va a sufragar un registrador de la propiedad y un notario esos gastos?”, se pregunta Criado.  El trabajador, que viste una camiseta amarilla (“No a la privatización del Registro Civil” pone en letras negras), se queja de que la ley fuera a ponerse en vigor “sin reglamento”. “Es como si te dan la ropa interior pero no te dan el traje para ponerte”.

A los registradores de la propiedad y mercantiles se les ha encomendado este año la tarea de tramitar los expedientes de nacionalidad por residencia, para lo que el Gobierno ha abonado cuatro millones de euros. “Dice el Gobierno que el colapso se quitó en pocos meses cuando se lo encargaron en 2012, pero es que son muchos más y apenas caben a un expediente por día, cuando aquí hacemos siete u ocho”, apunta Criado. Además, asegura que este trabajo requiere de una formación. “Tendrán que manejar el programa en el que registramos los nacimientos, matrimonios, defunciones… Eso costará dinero”.

Esta encomienda a los registradores puede suponer, según Criado, que muchas personas se queden sin trabajo. “Mi plaza está ocupada por una interina, cuando se apruebe me voy al juzgado de al lado y ocupo su plaza y ella se va a la calle.  Se van a respetar los puestos de trabajo de los titulares, pero no de los interinos”. Por ello recogen firmas desde hace meses. “La gente no es consciente de lo que supone, pero una vez se lo explicas, nadie se niega a firmar”, dice Criado. 

El PP, como es lógico, defiende la medida. El diputado jerezano Aurelio Romero dijo días atrás tras las críticas del PSOE que el nuevo Registro Civil será “electrónico, público y gratuito” y que Mamen Sánchez, alcaldable socialista que la atacó duramente, “falta a la verdad". Romero asegura que no se perderán puestos de trabajo, ya que “los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional” y que esto supondrá "agilizar la tramitación y resolución de asuntos judiciales, al incrementarse las dotaciones actuales”.

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