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El Gobierno andaluz parece dispuesto a hacerse con las riendas del proyecto tras la liquidación de la empresa pública de la que poseía el 39% de las acciones frente a la mayoría municipal.

La Junta de Andalucía, que hasta diciembre pasado tenía el 39% de las acciones de la sociedad pública ya liquidada que gestionaba el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) de Jerez, pretende hacerse con el control mayoritario del proyecto para su relanzamiento. El regreso del Gobierno andaluz por la puerta grande a la que estaba llamada a ser tecnópolis del agro del Sur de Europa está aún en una fase muy incipiente. Se desconoce qué formula se adoptará -se da por hecho que en un hipotético consejo tendrían representación Ayuntamiento, Diputación y Universidad de Cádiz- y qué plazos hay marcados, pero lavozdelsur.es ha sabido que incluso altos cargos del Gobierno andaluz, acompañados de la propia alcaldesa y alguno de sus delegados, ya han visitado las instalaciones en las últimas semanas. 

En los últimos cuatro años el gobierno del PP no solo no fue capaz de enderezar el rumbo de esta iniciativa estratégica para la ciudad -y eso que Pelayo tenía hilo directo con el que fue durante gran parte del mandato ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete-, sino que condenó al parque a un punto de no retorno por una guerra partidista que arrancó con el despido improcedente de la antigua gerente y la colocación de una persona afín al frente de la dirección técnica del complejo. Recientemente, por cierto, este medio digital publicó que tras la disolución de la empresa pública PCTA SA el hasta entonces gerente pasó a trabajar como subdirector en la única inversión que el gobierno del PP logró traer al parque en su mandato.

Las agrias discrepancias, que llegaron hasta el extremo de desencadenar una discusión en público entre la exalcaldesa Pelayo y el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, provocaron finalmente la salida de la sociedad del Gobierno andaluz. En el contexto actual, desalojado el PP del gobierno local, puede ser el momento político propicio de que la Junta al fin asuma un espacio científico y tecnológico dedicado a un sector clave en el desarrollo de la comunidad autónoma y, más concretamente, del área urbana que acumula mayor tasa de paro de España. El propio PSOE jerezano propuso desde la oposición hace ahora un año que el gobierno de Susana Díaz liderara el proyecto. "Si es un peso para el Ayuntamiento, que deje paso a la Junta, que se compromete a fortalecer este importante centro tecnológico", llegó a afirmar el entonces portavoz socialista, Luis Flor, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de septiembre de 2014. 

El PCTA debe despejar su futuro cuanto antes tras unos inicios titubeantes y unos años aciagos hasta la disolución de su primera etapa.  La Cámara de Cuentas de Andalucía ponía hace unos meses el foco sobre el parque jerezano, el único de este tipo en Andalucía que afronta su disolución. El órgano fiscalizador examinó las cuentas del recinto entre 2010 y 2012, y destacaba una creciente deuda a largo plazo con entidades bancarias. Tres años después de constituirse, la sociedad pública gestora ya elevaba las deudas a 10 millones. Todo ello debido principalmente a la devolución de subvenciones (7,4 millones) que no llegaron a justificarse. Ni el Centro Tecnológico del Vino, ni el enorme vivero de empresas tienen hoy utilidad. Un informe interno de la sociedad ahora disuelta, publicado en su momento por este medio digital, ya alertaba de la incertidumbre que pesaba sobre un proyecto de ciudad que “carece de estrategia” y que la alcaldesa Pelayo “se ha limitado a mantener en un estado de muy baja actividad y perfil, sin abrirlo a la participación del empresariado local”.

"El PTA -abundaba el documento- carece hoy de estrategia y proyecto: qué ofrecer, a qué tipo de empresas… Ello no excluye que algunas de las empresas asentadas en el recinto tengan un importante relieve e interés. Pero el Parque carece de instrumentos en el plano patrimonial para hacer efectivo cualquier proyecto, habida cuenta la total autonomía del propietario del suelo (Ayuntamiento) sobre las iniciativas a alentar; y tampoco dispone de otros instrumentos de intervención en otras áreas (financieros, conocimiento…)”. Superada esa etapa de control municipal, en la que incluso la Cámara de Cuentas llega a cuestionar el "afán especulativo" del complejo, parece que llega la hora de que la Junta tome las riendas y enderece un proyecto que es prioritario para que Jerez y su comarca remonten.

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