Un año después de solicitarlo -incluso con una advertencia en verano y un ultimátum en diciembre pasado- el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, ya tiene en su poder el informe ampliatorio y definitivo de la Intervención de la Administración General del Estado (IAGE) que requería para dar carpetazo a la instrucción de la denominada pieza jerezana de la trama Gürtel, el mayor escándalo de corrupción política de España y vinculado al Partido Popular. Como es sabido, el informe, según ha adelantado la Cadena SER a nivel nacional, alude a la presunta adjudicación irregular a empresas de la trama liderada por Francisco Correa del desembarco del Ayuntamiento de Jerez en la Fitur 2004, por un importe total de 343.537,58 euros.
Como remarca la SER, el ansiado informe es demoledor para los intereses de la entonces y actual alcaldesa del PP, María José García-Pelayo, y para Isidro Cuberos, el antiguo responsable de prensa de Javier Arenas, tanto en su etapa como secretario general del Partido Popular, como en los ministerios de Trabajo, Administraciones Públicas y Presidencia. Ya hace unas semanas la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) remitió un nuevo informe al magistrado en el que analizaba las huellas digitales de archivos informáticos elaborados en el Consistorio en aquella época, y remitidos anónimamente al Juzgado, que prueban que la contratación y los procesos de adjudicación se confeccionaron con posterioridad a la celebración de un evento en el que solo por su labor de intermediario y conseguidor Cuberos se embolsó más de 53.000 euros, según concluye la propia Policía Judicial.
Así lo determina también la IAGE que asegura, recoge la emisora nacional, que "a través de diferentes correos electrónicos" se pone de manifiesto "el papel de intermediación" de Isidro Cuberos, "al que informan personalmente" de la Gürtel de "las gestiones de cobro de las facturas", a la vez que "realiza gestiones para agilizar o desbloquear las facturas y su cobro" en Jerez. Por estas "labores de intermediación", Cuberos "factura al grupo" de empresas de Correa, "la cantidad de53.355,22 euros IVA incluido". La Intervención del Estado también revela algunas de las supuestas prácticas irregulares de la alcaldesa Pelayo, quien como presidenta entonces del Instituto de Promoción Turística de Jerez, "incumplió" en al menos dos expedientes examinados los estatutos al adjudicar los contratos cuando esta decisión "correspondía al Consejo Rector" de la entidad.
Además, en el expediente, que la también líder del PP jerezano sigue sin hacer público como prometió un año después, consta un contrato entre María José García-Pelayo y la trama para el desarrollo en Madrid de un espectáculo de flamenco coincidiendo con FITUR, que fue firmado "con posterioridad a la prestación del servicio". El amaño es masivo, destaca la SER, porque según la IGAE, todo se pergeñó, planificó y firmó en favor de la trama Gürtel, antes incluso de que se publicaran los criterios de adjudicación, "vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia" aplicables a la contratación pública.
El perito judicial asevera que según el análisis de los metadatos informáticos, que contienen datos esenciales para corroborar la fecha de elaboración e identidad de los documentos, "los contratos no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos", y que vienen firmados por la alcaldesa, "sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos". De esta manera, el juez Ruz ya tendría todo listo para cerrar la instrucción de la pieza jerezana y preimputar a la alcaldesa Pelayo, quien por su condición de senadora solo podría ser llamada a declarar en calidad de imputada por el Tribunal Supremo. El propio Ruz ya lo advertía el año pasado por estas fechas: "si finalmente los hechos fueran constitutivos de una infracción penal y apareciera implicada la alcaldesa María José García Pelayo debería acordarse la inhibición del caso al tribunal competente”.
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