Normalidad en la prestación y coordinación del servicio tras hacerse efectiva la remunicipalización y la absorción de sus alrededor de 400 trabajadoras por parte de Comujesa.
La teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, ha realizado una visita a las oficinas centrales del Servicio de Ayuda a Domicilio, ubicadas en el edificio Divina Pastora, en calle Cádiz, donde ha comprobado in situ la normalidad con que se está desarrollando la actividad del servicio, que desde este primero de año ha pasado a manos públicas. Durante la inspección a las instalaciones, Carmen Collado ha estado acompañada por Francisco Ramírez, gerente de la sociedad municipal Comujesa, entidad pública que ha asumido la gestión del citado servicio, así como por Juan Jorge Racero, jefe del Departamento de Dependencia, Discapacidad y Mayores.
La responsable municipal de Acción Social ha mostrado su satisfacción ante “la normalidad con que se está prestando tanto el servicio como la coordinación de los equipos”. No hay que olvidar que esta prestación pública esencial emplea a cerca de 400 trabajadoras. Asimismo, ha querido aprovechar la visita para trasladar al equipo del Servicio de Ayuda a Domicilio "el apoyo del gobierno municipal a unas profesionales volcadas en ofrecer una atención de calidad al usuario y un trato cercano y humano”. Desde el ejecutivo socialista se ha vuelto a recordar que la gestión pública del Servicio de Ayuda a Domicilio se ha convertido en una referencia para muchas ciudades andaluzas interesadas en la remunicipalización que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Jerez.
Pese a las reticencias que el PSOE tenía sobre esta prestación directa de la gestión y explotación de este servicio en el pasado verano, la realidad es que el paso a manos públicas del mismo supondrá un ahorro anual de más de un millón de euros, según las estimaciones hechas por el propio gobierno local. Hasta diciembre pasado, el gasto por esta prestación al que debían hacer frente las arcas municipales estaba cifrado en más de dos millones de euros al año, que principalmente cubre la Junta de Andalucía con las transferencias por la ley de Dependencia.