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La comisión de seguimiento de la Propuesta en Defensa de la Función Social de la Vivienda velará por el cumplimiento de los 17 puntos presentados por IU entre los que se contempla instar a la Junta a crear un censo de viviendas deshabitadas.

La lucha en defensa de la función social de la vivienda y el cambio de modelo productivo a través del desarrollo de la zona rural fueron dos de las propuestas clave con las que IU se presentó a las elecciones del pasado mes de mayo y también dos de las primeras propuestas aprobadas por el pleno durante el presente mandato. A partir del viernes 22 de enero, cuando se constituyan oficialmente los equipos de trabajo encargados de velar por su debida ejecución, empezarán a ser una realidad.

La comisión encargada de elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Rural, cuya presidencia asumirá Raúl Ruiz-Berdejo, en representación de Izquierda Unida, tendrá por objeto iniciar las acciones conducentes a la elaboración de un Plan de Desarrollo Rural en el que se enmarquen todos los pasos a seguir con objeto de garantizar la mejora de la calidad de vida de la población rural, la ordenación, la defensa y el aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales localizados en suelo rústico, la valoración de la producción agropecuaria, el fomento del turismo en la zona rural, la defensa del patrimonio público o la modernización de la organización administrativa del Ayuntamiento en su medio rural, entre otros objetivos.

Esta comisión, será la encargada de establecer la metodología a seguir para la consecución de estos objetivos, determinar los cauces de información y participación de la ciudadanía y los colectivos implicados, así como garantizar la transparencia a lo largo de todo el proceso. Del mismo modo, se creará un equipo técnico de trabajo que, en base a las líneas maestras aprobadas por la comisión, deberá redactar un documento de "Bases Estratégicas para el Desarrollo Integrado del Medio rural", que constituirá el soporte técnico del Plan, servirá de apoyo para la puesta en marcha de las decisiones adoptadas por la comisión y elaborará las bases de un plan director de inversiones municipales para el periodo 2015-2020.

Izquierda Unida confía en que el futuro Plan de Desarrollo Rural Integrado permita sentar las bases de un progresivo cambio de modelo productivo, partiendo del nesario desarrollo de la zona rural de Jerez, cuyas tremendas potencialidades han sido infravaloradas o, sencillamente, desestimadas. A juicio de Ruiz-Berdejo “para construir un futuro de empleo y oportunidades es imprescindible, previamente, poner en valor todo nuestro potencial y en nuestra zona rural encontramos recursos endógenos, como la agricultura, que no han sido debidamente potenciados”. El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida considera que eso sólo será posible si somos capaces de construir una estrategia que trascienda de la lógica partidista y cuente con el máximo consenso. Según Ruiz-Berdejo, “Es momento de sentarnos y ponernos de acuerdo con el propósito de construir un futuro para esta tierra, un futuro que pasa por potenciar todo lo bueno que tiene, y hacerlo desde una apuesta común, de todos los partidos, los diferentes agentes sociales y los vecinos, a través de sus representantes”.

Por su parte, la comisión de seguimiento de la Propuesta en Defensa de la Función Social de la Vivienda tendrá por objeto fiscalizar el cumplimiento de todos y cada uno de los 17 puntos de acuerdo aprobados en el marco de la propuesta, presentada por IU el pasado mes de julio, en defensa de este derecho. Entre los puntos de acuerdo aprobados se incluye, entre otros:

  • No poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio, salvo que de forma expresa sea requerida por la autoridad judicial.
  • Solicitar a las entidades bancarias o personas jurídicas que inscriban, en el plazo previsto por ley, en el registro de la propiedad todas y cada una de las viviendas que se han adjudicado por medio de subasta en ejecución hipotecaria o dación en pago.
  • Potenciar la colaboración entre los juzgados, la oficina de intermediación hipotecaria y los servicios sociales, a fin de que estos últimos no sean meros tramitadores de documentación y tengan conocimiento de los procedimientos de ejecución hipotecaria que recaigan sobre vivienda habitual, pudiendo preparar las medidas de apoyo necesarias para las familias afectadas, asesorados por personas expertas en este campo que negocien directamente con las entidades bancarias.
  • Revisar los protocolos de actuación de los servicios sociales en casos de desahucio, solicitando al juzgado la declaración de imposibilidad de proceder al lanzamiento en las ejecuciones que recaigan sobre la vivienda habitual de personas en situación de especial vulnerabilidad
  • Garantizar el acceso a la información de la bolsa de vivienda protegida pública -y privada, cuando la hubiera- y elaborar un reglamento que, con la máxima transparencia, articule el acceso a las viviendas disponibles,
  • Instar a la Junta a garantizar la función social de la vivienda y establecer un censo de viviendas deshabitadas, para en su caso, sancionar las viviendas que estén en manos de personas jurídicas y fomentar así el alquiler de aquellas viviendas que estén en manos de personas físicas o propiciar el realojo provisional en una vivienda de titularidad pública, en régimen de arrendamiento y siempre que se tengan viviendas desocupadas, u ofrecer una alternativa habitacional, en el que caso de que no se dispusiera de viviendas, a las personas que hayan sido privadas del uso y disfrute de su vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de resolución judicial, se encuentren en situación de riesgo de exclusión social.

 

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María Luisa Parra

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