La cuenta atrás de Mari Ángeles y sus tres hijas: de una infravivienda a la ¿calle?

Nada más cruzar la puerta de la calle, sorteando un zaguán diminuto, está el pequeño salón, donde hay un sofá, un sillón, una mesa, un mueble donde está colocada la televisión y hasta un frigorífico. No cabe en la cocina, que es muy estrecha y apenas cuenta con un fregadero, un microondas y varios estantes para colocar la comida. Hay dos habitaciones, una a cada lado del salón. En la de la derecha hay una cama y un mueble con juguetes. En la de la izquierda, una cama de matrimonio, una cuna, una cómoda y un armario.

La humedad inunda toda la estancia, se mire donde se mire hay manchas de humedad y el ambiente se torna denso, cuesta respirar. La pintura de las paredes se cae con solo tocarla y las manchas oscuras están por todas partes, son rojizas en el salón, amarillentas en las habitaciones y caen en forma de cascada por los azulejos de la cocina. La presencia de arañas y cucarachas es habitual. Mari Ángeles y sus tres hijas duermen en un colchón en mitad del salón. En un bajo del barrio Santa María de Cádiz, con estas características, malviven esta joven madre y sus pequeñas, de trece, seis años y apenas 16 meses. “La chica ha nacido aquí”, cuenta cuando lavozdelsur.es visita la infravivienda. “Durante el confinamiento aprendió a andar y lloraba porque se quería ir”, agrega.

Mari Ángeles tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el 19 de noviembre. Ese día está previsto el desalojo, ya que dejó de pagar las mensualidades de alquiler en enero y el propietario interpuso una denuncia. “Quiero irme de aquí, pero no tenemos dónde”, se queja. Su hija mediana, de seis años, padece asma crónico, tiene alergia al polvo y tiene las defensas bajas. “Se ha puesto peor estando aquí”, cuenta. “Ahora la tengo que llevar al colegio, porque si no la llevo me pueden hasta meter en la cárcel”, dice, pero teme por la salud de su hija.

Mari Ángeles, en el salón de la vivienda. FOTO: MANU GARCÍA

El desalojo previsto para noviembre es el tercero al que se enfrenta. “El primero fue cuando me separé del padre de mis dos hijas mayores, porque sufría violencia de género, me quitaba el dinero que cobraba y no tenía para pagar”, relata. Tras esos episodios pasó por una depresión. En otra vivienda que encontró sufrió una inundación por la rotura de las tuberías —“tuve que pagar 2.000 euros de recibo”— y terminó saliendo de allí. Desesperada, encontró la infravivienda en la que lleva algo menos de dos años, por la que le cobran 260 euros mensuales. “Me tuve que agarrar a algo y es lo primero que vi”, señala. “Pagué hasta que hablé con la asistenta y le dije que me ayudara a buscar algo, porque mi hija está malita”.

Mari Ángeles trabaja en un bar, fregando platos y vasos, de viernes a domingo. Gana cinco euros la hora, unos 300 euros mensuales, a los que suma otros 300 euros del subsidio de desempleo. “La asistenta me da algo, tengo la tarjeta monedero de Cruz Roja…”, enumera, porque con lo que percibe no llega a fin de mes. “No puedo echar mas horas por las niñas”, explica. “Ya ni busco alquiler porque no encuentro nada ni nadie me va a querer alquilar con mi nómina”, se excusa Mari Ángeles, que consta como demandante de vivienda en el registro municipal. “Quiero que me busquen un alquiler que pueda pagar, no quiero que me regalen nada”, agrega.

La hija de Mari Ángeles, sentada en el sillón, rodeada de manchas de humedad. FOTO: MANU GARCÍA

“¿Cuándo nos vamos a una casa nueva? “¿Cuándo vamos a salir de aquí?”, le preguntan sus hijas a Mari Ángeles, que no sabe qué responder a eso y se desmorona al pronunciar estas palabras. “No sé dónde ir”, exclama. Cuando se ejecute el desalojo, como medida desesperada, hasta está pensando en dejar a sus hijas con las abuelas y hacer noche frente al Ayuntamiento. Antes de eso seguirá buscando una alternativa habitacional para ella y sus hijas. “Es un zulo, aquí no llega wifi ni cobertura”, dice, por eso sus hijas quieren irse cuanto antes. No pudieron ni hacer las tareas durante el confinamiento y la humedad les está afectando a la salud.

Poco antes de decretarse el estado de alarma, Mari Ángeles y sus hijas estuvieron a punto de hacer una mudanza. A raíz de la mediación del Ayuntamiento, un propietario del Cerro del Moro accedió a alquilarles una vivienda, pero se echó para atrás en el último momento. “Tenía las cajas preparadas, todo listo para irnos, pero no me cogía el teléfono”, relata. “Me vine abajo, tuve una depresión y estoy a base de pastillas. He adelgazado seis kilos”. “Me levanto a trabajar porque no tengo más remedio, y por mis hijas, no me queda más remedio que estar en pie, si no me llevaría todo el día en la habitación”, agrega.

Mari Ángeles hasta llegó a exponer su situación en un pleno del Ayuntamiento de Cádiz hace unos meses, antes del confinamiento, cuando el gobierno se comprometió a “estudiar su situación”. Ella cuenta que la ayudaron a encontrar una vivienda, a la que finalmente no se mudó, y que ha presentado varios escritos solicitando ayuda y haciendo constar que hay viviendas municipales vacías. “La comida me la busco trabajando, solo quiero una casa que pueda pagar” insiste. “Los alquileres están muy caros”. La asociación Las Desamparadas, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, le da comida de vez en cuando.

La madre de Mari Ángeles, presente durante la conversación, lamenta la situación de su hija. “Mi casa tiene 36 metros, no me cabe ni una caja”, lamenta. Ella consiguió un hogar después de “luchar durante 33 años”, de vivir varios desalojos y de llegar a dormir en la calle. “Siempre me he dedicado a la hostelería pero en octubre dejo de trabajar y cobro una ayuda mínima, ya empiezan las complicaciones y no puedes afrontar los pagos…”, cuenta. “Esto es inhumano”, apunta. “Hay pisos vacíos y no los dan”, se queja. Mari Ángeles, mientras, sigue tachando días del calendario. En apenas dos meses tendrá que dejar la infravivienda en la que malviven y aún no sabe cual será su próximo destino.