La asociación advierte que las "consecuencias negativas" para la ciudad no han hecho más que empezar: "Esto es solo la punta de un enorme iceberg que nos llevará al naufragio a todos los ciudadanos"
Tras la liquidación de Aguas de Jerez (Ajemsa) aprobada en el Pleno del pasado viernes tras la privatización del servicio, la Coordinadora del Agua acusa al gobierno local del PP de buscar hacer “caja fácil” para invertir en campaña electoral, "a sabiendas de la difícil situación que vive la ciudad y de la hipoteca que supone a todos los jerezanos, un pago extra que montará más de cuatro mil euros, en los próximos 25 años".
La Coordinadora cree que la alcaldesa es "cómplice y culpable de las consecuencias que la privatización del agua en Jerez está acarreando a la ciudadanía" y apunta que las "consecuencias negativas" para la ciudad no han hecho más que empezar. "Esto es solo la punta de un enorme iceberg que nos llevará al naufragio a todos los ciudadanos". Desde la Coordinadora entienden que "el Ayuntamiento sigue siendo quien tiene la competencia, aunque haya vendido la gestión, por lo que es el que tiene que garantizar a sus ciudadanos todos los derechos reconocidos como tal y el del agua es un hecho confirmado en la mismísima Organización de las Naciones Unidas, por lo que la gestión del agua urbana tiene en todo momento que ser auspiciada por las ordenanzas y decretos municipales, no puede delegar en una empresa privada tal competencia".
Desde que se produjo la privatización del servicio, la Coordinadora denuncia que el pliego de licitación con Aqualia "ha sido violado" y culpa a la alcaldesa de "regalar" a Aqualia tres sueldos que puede montar más de trescientos mil euros anuales, "asumiendo tres altos cargos que obligatoriamente por cumplimiento del pliego tendría que haber tomado Aqualia". También reclaman a la empresa "que haya pasado un primer año de contrato sin haber invertido un solo euro en mejora de infraestructuras, habida cuentas de que el pliego bien que recogía que se invertiría un millón de euros cada año".
Para la Coordinadora, la privatización del servicio ha supuesto una menor calidad en el servicio ("se han dejado de cubrir trabajos de mantenimiento cotidianos"), una pérdida de empleo y de derechos laborales ("se ha cobrado ya varios puestos directos de trabajo y ha provocado regulaciones de empleo"), un aumento en los recibos y una deshumanización del servicio ("el trato o relación con los usuario se ha deformada considerablemente").
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