Dos miembros del sindicato están citados en vía judicial por posibles coacciones y amenazas al franquiciado, que prefiere no hacer declaraciones hasta conocer "la decisión judicial".
Después de estar ocho meses trabajando en el Lizarrán de Área Sur con un contrato de obra y servicio —fue contratada para la campaña de Navidad— se encontró con un burofax que le comunicaba su despido. La joven, que se dio de baja por depresión nerviosa, según ella por la presión a la que era sometida en el trabajo, comenzó a tener problemas cuando creó la sección sindical de CNT en la empresa. El sindicato, desde que se ejecutó su despido, realizó diversas manifestaciones en el entorno del complejo comercial —al ser privado no pueden hacerse dentro— y ahora ha recibido una denuncia por la que dos miembros tendrán que pasar por el juzgado.
La cita es el próximo 21 de febrero, cuando Israel y Esteban, los denunciados, tendrán que comparecer porque Vicente Q.C., el franquiciado de la firma, los acusa en su escrito de “merodear” alrededor de su bar y cree que han podido cometer un posible delito de amenazas y coacciones. “El sindicato está en contra de que se abran los centros comerciales los domingos —día en el que se sitúan los supuestos hechos— y dicen que nos vieron en una hamburguesería y yo soy vegetariano”, cuenta Israel, que desmiente la versión de dos trabajadores de la marca, en la que se basa la denuncia.
“Por ahí va Vicente. Ah, no es él”, recoge el escrito, unas palabras que ponen en boca de los denunciados, algo que ellos aseguran que no es cierto. “Ese día estaba en el centro con un montón de amigos, tengo más de 30 personas como posibles testigos”, señala Esteban. Los sindicalistas apuntan que el empresario toma esta medida ante el temor de que las acciones sindicales atentaran contra su persona, su negocio o su patrimonio. “Están tan acostumbrados a la forma de negociar con otros sindicatos que en cuanto ven una manifestación se ponen de los nervios y van corriendo al juzgado”, señalan.
“Los trabajadores se han inventado la historia”, apunta Esteban, que cuenta que el trato con Vicente, con quien tenía encuentros puntuales para cobrar el sueldo de la trabajadora despedida mientras estuvo de baja, era cordial. La denuncia recoge declaraciones textuales de los sindicalistas: “Ella estará en Lizarrán mientras el negocio esté abierto. Desde la CNT utilizaremos medios legales y no legales”. Esta segunda parte, señalan, “es mentira”. “Lo que le dijimos —cuenta Israel— es que íbamos a reclamar la reincorporación por las buenas o por la vía de la acción sindical”. La nulidad del contrato, según los abogados de CNT, “está conseguida”. “Vamos a hacer actividad sindical de toda la vida y a informar a los clientes de lo que está pasando”, aseguran que le trasladaron al empresario.
La trabajadora contaba en lavozdelsur.es que los empleados de Lizarrán eran “obligados” a “hacer el 25% de las horas semanales gratis”, por lo que calcula que el franquiciado le debe más de 2.000 euros en concepto de horas extra no pagadas y de indemnización, que no le abonó, ya que el empresario defiende que el cese de la relación laboral se produjo por una extinción de contrato, aunque el sindicato “no reconoce” esta condición. Vicente Q.C., contactado por este medio, asegura que no hará más declaraciones “hasta que no se celebren los juicios”. “Esperaré a la decisión judicial”, se ratifica el franquiciado, que aseguraba meses atrás que no había “ningún conflicto” y que todo el proceso fue legal. “Tenía un contrato eventual, se terminó y no ha renovado”, explicaba. “Vamos a defender al trabajador hasta las últimas consecuencias”, apuntan desde CNT, que anuncia movilizaciones el mismo día de la celebración del juicio y también el 18 de febrero, cuando está previsto que se realice una concentración contra la represión sindical.