La Justicia en Jerez, quinta ciudad andaluza en población, está en una situación de sobrecarga estructural que ha vuelto a agravarse en el último año. La congestión no es nueva. Profesionales y sindicatos llevan años denunciando la situación de desbordamiento continuo, pero lejos de resolverse, va a más. La Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente al año 2025, presentada ante el Parlamento andaluz, retrata a la ciudad como uno de los partidos judiciales más tensionados de la comunidad autónoma, con un crecimiento de los litigios en curso que no tiene equivalente en ninguna otra demarcación de la provincia gaditana. En un solo año, la bolsa de asuntos civiles sin resolver en la Sección 8ª de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, creció un 86%. Ninguna otra sección de la Audiencia de Cádiz se acerca a ese volumen.
La Sección 8ª de la Audiencia Provincial, que con cinco magistrados atiende tanto asuntos penales como civiles, registró en 2025 un total de 1.808 nuevos asuntos, un 30% más que el año anterior. Sin embargo, solo tuvo capacidad de resolver 1.372, un incremento del apenas 8%. La consecuencia aritmética es devastadora: la litigiosidad en curso o pendencia acumulada se disparó en un 86% en un único ejercicio, el dato más negativo de toda la Audiencia gaditana. El propio TSJA pide de forma expresa más plazas judiciales para esta demarcación.
La justicia laboral, en situación límite
Donde el colapso es más visible y más palpable en la vida cotidiana de los ciudadanos es en la jurisdicción de lo social. Los tres Juzgados de lo Social de Jerez han cerrado 2025 con una bolsa de 7.868 asuntos pendientes que no solo no bajó, sino que se mantuvo intacta: durante el año se resolvieron 3.411 asuntos, pero entraron 4.202 nuevos. La diferencia, 791 expedientes sin cubrir, garantiza que la cola no adelgaza. Cada juzgado social de Jerez gestionó una media de 1.250 asuntos en 2025, cifra que convierte a la ciudad en la tercera plaza con mayor carga laboral por órgano de toda Andalucía, solo por detrás de Sevilla (1.371) y Málaga (1.278).
| Indicador | Jerez | Referencia | Valoración |
|---|---|---|---|
| Ingresos instrucción / órgano | 2.528 | Módulo: 3.300 | Bajo módulo |
| Ingresos social / órgano | 1.250 | Módulo: 800 | 3.ª más alta de Andalucía |
| Ingresos civil (PI) / órgano | 2.640 | Módulo: 1.200 | Muy por encima |
| Familia / órgano | 1.118 | Módulo: 1.323 | Cerca del límite |
| VdM / órgano | 1.302 | Módulo: 1.600 | Por debajo del límite |
| Contencioso-administrativo / órgano | 345 | Módulo: 570 | El más bajo de Cádiz |
| Pendencia civil AP (Secc. 8.ª) | +86% en un año | Media Cádiz: +43% | El peor dato de Cádiz |
| Reforma Tribunales de Instancia | Incompleta | 73 de 87 TI implantados | Pendiente hasta may. 2026 |
| Nueva Ciudad de la Justicia | En proyecto | — | Sin fecha de obras |
Fuente: Memoria de Actividades y Funcionamiento del TSJA 2025 · Elaboración propia
El módulo de referencia que el Consejo General del Poder Judicial considera razonable es de 800 asuntos por juzgado y año. Jerez lo supera en un 56%. El informe reconoce que durante 2025 ha sido necesario dotar a Jerez de un Juez de Adscripción Territorial como refuerzo, y en la propuesta de nuevas plazas que eleva el TSJA al Ministerio, Jerez figura como destinataria de una plaza adicional en lo social.
En los Juzgados de Instrucción, los cinco órganos de Jerez tramitaron 12.642 asuntos penales en 2025, con una media de 2.528 por órgano, por encima del módulo orientativo. El dato relevante aquí es que ese mismo año, por Real Decreto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez fue transformado en el segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la ciudad, lo que significa que los cuatro juzgados de instrucción restantes deben asumir ahora una carga penal aún mayor. La creación de ese segundo juzgado especializado era necesaria —el primero ingresó 1.302 asuntos en 2025—, pero deja a la instrucción penal general con menos recursos de los que ya tenía.
La situación en los Juzgados de Primera Instancia no es menos preocupante. Los seis órganos de Jerez ingresaron en total 15.842 asuntos civiles durante 2025 —contenciosos, familia, jurisdicción voluntaria y ejecuciones—, con una media de 2.640 asuntos por juzgado, más del doble del módulo de referencia fijado en 1.200 por el CGPJ. En términos de volumen total, Jerez tiene más carga civil que Cádiz capital, con sus seis juzgados, que solo acumulan 10.082 asuntos. Los dos Juzgados de Familia de Jerez ingresaron 2.236 asuntos, una media de 1.118 por órgano, la mayor de la provincia y muy cerca del límite máximo recomendado de 1.323. El TSJA pide en su propuesta de nuevas plazas dos titulares adicionales para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Jerez.
La reforma judicial más importante en décadas llegó tarde, mal y sin terminar
Sobre este escenario de presión acumulada, el año 2025 vino a añadir otro elemento de tensión: la implantación de los Tribunales de Instancia, la mayor reforma organizativa del sistema judicial en décadas, que transformó los juzgados unipersonales en estructuras colegiadas. De los 87 Tribunales de Instancia previstos en toda Andalucía, Jerez fue uno de los cuatro partidos judiciales de toda la región —junto a Cádiz capital, Jaén y Sevilla— que no completaron la implantación antes del 31 de diciembre de 2025. La causa: "complejidad derivada de la diversidad de sedes y obras de adaptación encadenadas".
El cronograma oficial previó terminar en marzo-mayo de 2026, aunque el propio informe ya advierte de posibles nuevos retrasos. El TSJA describe la reforma en términos que se alejan mucho del triunfalismo oficial: habla de "caos organizativo para profesionales y ciudadanos", "expedientes redistribuidos sin trazabilidad" y situaciones en las que "los profesionales debían adivinar a qué órgano dirigir sus escritos". En Jerez, todo eso ocurrió y la implantación ni siquiera ha concluido.
El marco físico en el que trabaja la justicia jerezana tampoco ayuda. La memoria señala expresamente que en Jerez se está supervisando el proyecto de ejecución de la nueva Ciudad de la Justicia, que se ubicaría en un solar de Puertas del Sur y permitiría "concentrar las actuales sedes dispersas y solucionar sus deficiencias". Pero no hay fecha de inicio de unas obras que llevan 30 años sumando promesas.
La ciudad lleva años funcionando con sus juzgados repartidos en distintas ubicaciones, un problema que el propio informe identifica como uno de los principales frenos a la implantación efectiva del nuevo modelo de Tribunales de Instancia. A diferencia de otras ciudades andaluzas donde los proyectos de nuevas sedes están en obra o licitados, Jerez sigue en fase de proyecto de ejecución, la antesala de la antesala del inicio de las obras.
El partido judicial, compuesto por Jerez y San José del Valle, presta servicio a más de 218.000 habitantes. En la actualidad, en tres sedes —la de avenida alcalde Álvaro Domecq, la de la avenida Tomás García Figueras y la de calle Índico—. Una dispersión con la que se quiere acabar con este proyecto presupuestado en 50 millones de euros.
El retrato que ofrece la Memoria 2025 del TSJA, el Alto Tribunal andaluz que preside Lorenzo del Río —curiosamente inició su carrera judicial en Jerez, cuando los Juzgados estaban en la Plaza del Arenal—, sobre Jerez no es el de una ciudad en crisis puntual, sino el de un partido judicial que arrastra desde hace años una infraestructura insuficiente, una planta judicial por debajo de sus necesidades reales y una reforma organizativa incompleta, todo ello mientras la litigiosidad sigue creciendo.
Jerez presenta una situación judicial de sobrecarga estructural en lo civil y lo social —donde los datos son objetivamente críticos—, combinada con una Audiencia Provincial que ha experimentado la mayor explosión de pendencia de toda la provincia gaditana (+86%), una reforma judicial paralizada y unas infraestructuras pendientes de solución desde hace décadas. Todo ello en un partido judicial sin Juzgado de lo Mercantil propio (depende de los de Cádiz) y con el peso del Campo de Gibraltar —y la escalada de la guerra contra el narco— presionando sus juzgados penales.