Entre 2012 y septiembre de 2016 se han producido medio centenar de registros en la Fiscalía de Menores, principalmente por supuestos acosadores de menos de 14 años.
En poco más de cuatro años y medio la provincia ha registrado un total de 103 denuncias en Fiscalía por bullying, de ellas casi la mitad se han producido en la comarca de Jerez (31 en el ámbito de la Bahía de Cádiz y el resto en el Campo de Gibraltar). El fiscal delegado de Menores en Cádiz, Pedro Gosálvez Olmo, ha ofrecido estos datos durante el II Congreso de Juventud y Seguridad, celebrado en la Zona Franca de Cádiz, según recoge en su edición de este miércoles el rotativo Diario de Cádiz. En concreto, de las 31 querellas que se formularon ante la Fiscalía de Cádiz para investigar supuestos episodios de acoso escolar, más de la mitad (18) fueron archivadas debido a que los presuntos acosadores no superaban los 14 años, por lo que quedaba descartada la intervención penal. En este caso, solo puede alertarse al centro para que tome medidas. Poco más.
Como dato preocupante, el fiscal mostró la evolución in crescendo de este grave problema que "suele darse con mayor asiduidad entre los menores de 14 años y que parece —ha mantenido— que decrece con los años, según se avanza en la adolescencia y la juventud", según se hace eco de su ponencia el rotativo gaditano. Pedro Gosálvez, recoge, "ha puesto la lupa en el repunte de los suicidios infantiles por acoso escolar, un hostigamiento sistemático que se está produciendo cada vez con mayor frecuencia, aunque también es verdad que se está denunciado más".
Por último, ha señalado el marco legal en el que desarrolla el trabajo de la Fiscalía de Menores, recordando que este organismo puede ofrecer soluciones ante un caso de acoso escolar, ya tipificado en el artículo 173.1 del Código Penal. Desde las medidas cautelares, como el alejamiento o la libertad vigilada, hasta el desestimiento de incoacción, cuando se trata de un delito leve y no hay antecedentes similares, pasando por el acto de reparación o conciliación, las prestaciones en beneficio de la comunidad, las tareas socioeducativas y, en las causas más graves en las que se menoscabe la integridad moral de un escolar por trato degradante y reincidente, las penas de seis a dos de cárcel y/o multa. Solo dos de las denuncias registradas en los últimos años en la provincia acabaron en esta resolución. El resto suelen ser resueltas como faltas por vejaciones.
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