José Antonio Díaz quiere marcar un ritmo alto desde el minuto uno del nuevo curso político, un plan de embarre de la política local que tiene mucho que ver también con el curso electoral que incluye autonómicas la próxima primavera. Dicha estrategia va con todo y, aunque pueda pensarse contraproducente o nociva, pasa por colocar bulos como el de unas supuestas alfombras para Alcaldía —que era fácilmente desmontable, pero que, ya se sabe, manipula que algo queda— o por desarrollar una ofensiva judicial que ha situado entre ceja y ceja, por ejemplo, al interventor municipal. Una figura técnica, procedente de los cuerpos nacionales, que nunca ha formado parte de la refriega política.
Después de enfrentarse abiertamente con el alto cargo que se ocupa de fiscalizar el Ayuntamiento en el pasado pleno de presupuestos, Díaz ha anunciado este miércoles que ha presentado un escrito denuncia en la Fiscalía contra el interventor municipal, José María Almenara. En su escrito, que ha remitido también al Tribunal de Cuentas, el líder del PSOE local considera que pudo haber "infracciones" en el informe que el alto funcionario municipal firmó para la modificación presupuestaria que se aprobó el pasado lunes en un pleno extraordinario.
En una reacción inmediata, el gobierno municipal ha manifestado su total respaldo al criterio técnico y profesional del interventor, "tanto en el expediente de modificación de crédito aprobado el pasado lunes por el pleno del Ayuntamiento de Jerez como en el conjunto de su labor, así como la de los distintos técnicos que componen la plantilla municipal".
"Absoluto respeto" al trabajo de los técnicos
Desde el ejecutivo local se ha vuelto a reclamar "absoluto respeto" al trabajo de los técnicos que componen la plantilla municipal por parte de todos los grupos municipales que componen la Corporación municipal "desde el convencimiento que su labor está siempre marcada por un criterio técnico, un conocimiento profesional y una independencia política".
Tal y como ya se aclaró en el pasado pleno, tanto por el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, como por el propio interventor, "hay una diferencia clara entre superávit presupuestario y remanente de Tesorería, dos conceptos que, en esta ocasión, se están mezclando bien por desconocimiento, bien por mero interés político de confundir".
Porque, como bien marca la Ley Orgánica de Estabilidad 2/2012 de 27 de abril en su artículo 32, ha explicado el ejecutivo local, "el destino del superávit o capacidad de financiación viene determinado fundamentalmente por la diferencia entre los derechos y obligaciones corrientes de los capítulos 1 a 7 y ésa es la cantidad que hay que destinar obligatoriamente a la amortización de deuda".
Un expediente que contempla amortización de deuda e inversiones
Frente a esta cantidad, "existe otra magnitud de carácter presupuestario y contable que es el remanente de Tesorería para gastos generales. En el caso de la modificación de crédito aprobada en el pleno del pasado lunes, ésta ya contemplaba la utilización, en primer lugar, de parte del superávit para amortizar deuda conforme al citado artículo 32 mientras que la cantidad restante es de libre disposición siempre que cumpla con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto".
El Ayuntamiento ha reiterado, por tanto, "la legalidad del expediente al contemplar en primer lugar esa parte obligatoria de amortización de deuda y luego se aplican 12 millones de euros de operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto, dejando la cantidad final y en tercer lugar, 5 millones para gastos que, tal y como se recoge en el informe de la Intervención Municipal, no suponen un incumplimiento ni de la estabilidad ni de la regla de gasto".
Por tanto, el gobierno local ha insistido en la legalidad del expediente y ha reiterado su "apoyo al trabajo técnico y profesional de los técnicos municipales que configuran los expedientes y realizan y firman los respectivos informes que completan los mismos".