El Gobierno de España ha reconocido que "no consta que la Dirección General del Patrimonio del Estado haya realizado inspecciones" al histórico inmueble de la Cartuja de Jerez, propiedad del Estado desde hace décadas. Esta declaración surge en respuesta a una pregunta escrita presentada por el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados.
El monasterio, de alto valor histórico y artístico, fue cedido por primera vez en 1980 a los Cartujos y más tarde, en 2003, al Obispado de Asidonia-Jerez mediante una orden ministerial que establecía la cesión durante 75 años. Desde entonces, el edificio ha estado en manos de instituciones religiosas, sin que el Gobierno tenga constancia de inspecciones técnicas.
Denuncian grietas, figuras desaparecidas y bienes dañados
La pregunta de Sumar se originó tras la observación de “daños” estructurales, grietas, figuras deterioradas y la aparente desaparición de varios elementos patrimoniales respecto al inventario oficial de la Junta de Andalucía. Según el grupo parlamentario, la situación genera preocupación ante la falta de seguimiento institucional.
Sumar pidió al Ejecutivo información sobre posibles inspecciones, deterioros, y el listado de bienes inmuebles y muebles incluidos en la Cartuja tanto en la cesión de 1980 como en la posterior de 2003, y en 2023, cuando las Hermanas de Belén abandonaron el inmueble.
Ante esta solicitud, el Gobierno ha respondido que "la única información disponible" sobre el inventario de bienes muebles está en el sistema CIBI (Central de Información del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado). Según este registro, existe un acta de entrega fechada el 7 de marzo de 2002 que incluye el listado de obras artísticas asociadas al edificio.
El Ejecutivo dice desconocer si el Obispado ha informado sobre daños
Otra cuestión planteada por Sumar gira en torno a la responsabilidad del Obispado de Asidonia-Jerez en el seguimiento del estado del inmueble. En este sentido, el Ejecutivo central ha afirmado que “se desconoce” si se han presentado informes anuales sobre deterioros o deficiencias, algo que podría ser una obligación según la orden de cesión.
Además, el Gobierno ha señalado que debería ser el Ministerio de Cultura quien pueda tener más información sobre el estado actual del edificio y los bienes patrimoniales que contiene. Tal como establece la orden ministerial, es a dicho Ministerio al que deben dirigirse los informes de conservación del inmueble.
Esta falta de control administrativo sobre un bien de titularidad estatal con gran valor patrimonial ha levantado preocupación entre formaciones como Sumar, que piden mayor transparencia y supervisión. La posible desaparición de figuras y obras listadas agrava las sospechas de falta de seguimiento institucional.