La empresa la acusa de presunta prevaricación y apropiación indebida tras el secuestro del servicio por parte del Ayuntamiento en 2012. La alcaldesa afirma que la demanda penal no tiene fundamento y que la actuación municipal fue avalada por el TSJA
La alcaldesa, María José García-Pelayo, tendrá que declarar el próximo día 20 en el Juzgado de instrucción 4 tras la querella interpuesta contra ella por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos por presuntos delitos de prevaricación y apropiación indebida, tras el secuestro del servicio por parte del Ayuntamiento en 2012, según ha avanzado la Cadena Ser. En todo caso, la condición de aforada de Pelayo que le otorga el hecho de ser senadora podría provocar incluso que se suspendiera esta vista y pasara directamente a manos del Tribunal Supremo, según ha podido saber este medio. Por su parte, Urbanos tiene pensado ampliar la querella incluyendo a la totalidad de la junta de gobierno local.
Pelayo considera carente de fundamento la querella, destacando que la actuación del Ayuntamiento ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha dejado claro que "no hay ningún tipo de imputación", sino que se trata de una querella por parte de estas sociedades que "son avalistas de Urbanos Amarillos" y hay "unas cuestiones internas entre ellos de lo que son sus relaciones contractuales".
Ironiza la regidora jerezana con la argumentación de los querellantes de apropiación indebida de la flota de autobuses, "como si tuviera en el garaje de mi casa la flota de autobuses urbanos", por lo que "no tiene fundamento ninguno". La regidora explica que, tras la presentación de la querella, el Ayuntamiento presentará "toda la documentación en relación a la tramitación de este asunto", resaltando en este punto que este mismo miércoles recibían del TSJA notificación de una resolución que "avala todo el procedimiento de secuestro" del servicio de autobuses. Asimismo, señala que el Ayuntamiento procedió al mismo "con un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía".
Abunda la alcaldesa que en este tipo de procedimientos "la Ley habilita al Ayuntamiento que recupera el servicio a mantener, que no a quedarse, los bienes que estén afectos a dicho servicio", que es lo que hizo el Consistorio para poder seguir prestándolo. Asegura igualmente que estas cuestiones serán aclaradas ante la autoridad judicial, y asume la responsabilidad de lo que ha hecho el equipo de gobierno, que ha sido "pensando en el interés general de la ciudad".
En proceso de liquidación
García-Pelayo ha explicado que en este momento se está "en proceso de liquidación del contrato con Urbanos Amarillos" y, en el momento en que se produzca la finalización de ese proceso, cada una de las partes tendrá que saldar con la otra las cantidades que, en su caso, tenga que saldar. Preguntada sobre su acudirá personalmente al juzgado a prestar declaración, explica que hará lo que estimen los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Por su parte, el gobierno local expresa en un comunicado su "absoluta tranquilidad" ante esta querella, resaltando que en todo el proceso de resolución del contrato con la empresa Urbanos Amarillos y la asunción de la gestión directa del servicio "se está cumpliendo con la ley", por lo que "confía en el archivo de la misma".
A juicio del gobierno local, esta querella está dirigida a "presionar en el proceso de liquidación que se está llevando a cabo con la empresa Urbanos Amarillos tras rescatar el servicio". Apunta que se han mantenido hasta siete reuniones entre la empresa y el Ayuntamiento en el marco de ese proceso de liquidación.
Finalmente, reitera que el TSJA notificaba este miércoles una sentencia que declara que el secuestro de la concesión fue "totalmente ajustado a derecho", ya que se debía a "incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado".
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