El escrito señala a la exalcaldesa y a dos técnicos municipales como culpables del "aumento considerable" del endeudamiento de Comujesa, empresa que gestionó el rescate del servicio.
Nuevo lío judicial a la vista para la exalcaldesa María José García-Pelayo. Si esta semana se ha conocido que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra la líder de los populares jerezanos por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en las contrataciones con empresas de la Gürtel para Fitur 2004, ahora Fiscalía pide “al menos” cinco años de inhabilitación “para administrar bienes” por el rescate de Urbanos Amarillos. En marzo se archivó la querella interpuesta por la concesionaria, tras lo que el anterior gobierno local del PP se apresuró a decir que había “imperado el sentido común”.
Es Canal Sur Radio quien adelanta que Fiscalía declara ahora el concurso “culpable” por haber agravado el Ayuntamiento el “estado de insolvencia” de la empresa municipal Comujesa, que gestionó el servicio a partir de mayo de 2014. Junto a García-Pelayo, el auto habla también de la culpabilidad del entonces responsable de Presidencia y consejero delegado de Comujesa; y de la interventora del secuestro.
“Estima el fiscal que dentro de la definición general de la culpa que puede existir en el concurso (…) cabe la inclusión de acciones u omisiones relevantes”. Fiscalía cifra en su escrito los “daños y perjuicios” ocasionados por esta gestión en casi 4,2 millones de euros. De hecho, recalca el “aumento considerable” del endeudamiento de Comujesa con entidades financieras, que pasa de algo más de 300.000 euros a final de 2011 a 2,2 millones al término de 2013.
“Agravar la insolvencia implica una previa situación de crisis o insolvencia ya existente y que acto seguido se acentúa”, apunta Fiscalía, que señala que Servicios Urbanos Amarillos SLU “se constituyó solo para lograr y gestionar la concesión del transporte urbano (…) Apenas un año tras esta concesión el Ayuntamiento la secuestra y dos años después rescinde el contrato y presta directamente el servicio a través de Comujesa, pero con los bienes y derechos de la concursa Servicios Urbanos Amarillos”.
El gobierno local secuestró el transporte urbano en mayo de 2011 y no devolvió el aval de 5,7 millones de euros a Urbanos Amarillos. En esos momentos no contaba con esa cantidad, y quiso compensarlo imponiendo sanciones a la empresa, que sumaron unos cuatro millones de euros.
En su día, la concesionaria llegó a culpar al gobierno local, en manos del PSOE cuando se hizo con el servicio, de haberle ocultado información “de forma maliciosa por no informar de la situación económica del Ayuntamiento". Una vez archivada la querella interpuesta por Urbanos, el PP se apresuró a explicar: “Dice el auto del juez que la concesionaria era perfectamente conocedora del servicio de transporte, sus dificultades, el alto coste de la remuneración de los trabajadores y una mala situación del servicio, por lo que no puede ser calificada tal situación de imprevisible para la concesionaria".
También hablaba de supuesta "prevaricación", aunque el juez "es taxativo a la hora de evidenciar que todas las decisiones de la junta de gobierno local se han adoptado con sus informes técnicos y jurídicos correspondientes". El PP, que ahora ve cómo Fiscalía le culpa de la insolvencia de Comujesa, dijo entonces, por boca de Antonio Saldaña, que el archivo evidenciaba que la querella “estaba siendo utilizada por la empresa para presionar en el proceso de liquidación del contrato”.
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