El exmilitar David Morales, propietario de la empresa de seguridad UC Global, ha fallecido a causa de una enfermedad, según ha comunicado la propia compañía en un mensaje difundido en LinkedIn. Morales estaba investigado en España por el presunto espionaje al fundador de Wikileaks, Julian Assange, durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.
"David fue el impulsor de una visión clara: desarrollar una firma de inteligencia privada moderna basada en la ética, el rigor profesional y el respeto absoluto a la legalidad. Su determinación, carácter y compromiso marcaron el rumbo de la organización desde sus inicios", han publicado desde UC Global.
A lo que ha abundado: "A lo largo de los años, su liderazgo permitió construir una estructura que hoy trabaja en entornos complejos de investigación, ciberinteligencia y consultoría estratégica internacional. Pero más allá de los proyectos y las operaciones, quienes tuvimos la oportunidad de conocerle sabemos que su mayor legado fueron los valores que defendió: responsabilidad, lealtad y profesionalidad".
La muerte del empresario, natural de Jerez, se produce a las puertas del juicio que debía celebrarse en la Audiencia Nacional contra su empresa y contra su jefe de operaciones, Michel Gaston Walleqmac. En ese proceso judicial, la defensa de Assange solicitaba cinco años de prisión para Walleqmac, mientras que la Fiscalía reclamaba tres años y medio.
La investigación judicial se prolongó durante más de seis años. En septiembre pasado, el magistrado Santiago Pedraz decretó la apertura de juicio oral contra los principales implicados. Tanto la Fiscalía como los abogados del fundador de Wikileaks solicitaban penas mucho más elevadas para Morales, que podían alcanzar entre 13 y 20 años de prisión, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, organización criminal, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.
El presunto espionaje en la embajada de Ecuador
La empresa UC Global, con sede en Jerez, se encargó de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2018, periodo en el que Julian Assange permaneció refugiado en la legación diplomática para evitar su extradición.
Según las investigaciones judiciales, en el verano de 2017 Morales habría ordenado a sus trabajadores instalar nuevas cámaras con audio y micrófonos en la embajada para grabar las conversaciones de Assange con abogados, periodistas, médicos y otras visitas.
Esas grabaciones, según la acusación y el testimonio de algunos trabajadores, habrían sido entregadas a un “cliente americano”, que diversas evidencias y testimonios identificaban con la CIA.
Las diligencias judiciales comenzaron en 2019, después de que una investigación periodística publicara audios y vídeos grabados al activista australiano durante su estancia en la sede diplomática. Poco después de esas revelaciones, Morales fue detenido, aunque permanecía en libertad provisional mientras avanzaba la causa.
Otros procedimientos judiciales abiertos
El caso no era el único frente judicial que tenía abierto el empresario. Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid había dictado también apertura de juicio oral contra Morales por presuntos delitos de falsedad documental y estafa procesal.
La acusación sostenía que habría falsificado documentos oficiales y pruebas para defenderse en el proceso que investigaba el espionaje a Assange.
En la causa también estaba personado el expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien denunció haber sido espiado por trabajadores de la empresa de seguridad y reclamaba 13 años de prisión para Morales.
Durante los últimos años, el exmilitar defendió reiteradamente su inocencia y negó haber espiado al fundador de Wikileaks. En una entrevista con lavozdelsur.es reconoció: “Todo lo publicado deja mucho que desear. Parece una película y no lo es, la han montado". El empresario sostenía que su empresa trabajaba bajo las directrices del Gobierno ecuatoriano y que las grabaciones mencionadas en la investigación no existían o estaban autorizadas dentro de los sistemas de seguridad habituales.
“En los medios se habla de horas y horas de grabaciones, todo eso es completamente falso. No hay ni vídeos ni grabaciones que no fueran autorizadas”, insistía.
Una empresa de seguridad internacional con sede en Jerez
Morales había servido durante 18 años en la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina antes de solicitar una excedencia para crear su empresa Undercover Global (UC Global).
La compañía se dedicaba a consultoría de seguridad internacional, protección de personalidades y asesoramiento en materia de seguridad para gobiernos y empresas.
Entre sus clientes figuraban familias presidenciales de Sudamérica, ejecutivos internacionales y proyectos de seguridad vinculados a grandes embarcaciones privadas, según explicó el propio Morales en entrevistas anteriores.
El proceso judicial en torno al presunto espionaje a Julian Assange había tenido gran repercusión internacional, al afectar a las conversaciones privadas que el activista mantenía con su equipo legal mientras se encontraba refugiado en la embajada ecuatoriana.
