Nueva polémica municipal que el gobierno local del PP trata de silenciar. Como es sabido, el pasado 7 de mayo el Ayuntamiento procedió al rescate del servicio de autobuses tras cumplirse dos años desde que se produjo el secuestro de la concesión que estaba en manos de la empresa Urbanos Amarillos. En ese momento, y mientras todo hace indicar que las dos partes no tendrán más remedio que verse las caras en los tribunales para zanjar el conflicto por una adjudicación que debía prolongarse hasta 2026 (más otro cinco años prorrogables), la plantilla del transporte urbano pasó ser subrogada por la empresa municipal Comujesa.
En total, centenar y medio de trabajadores que, según ha podido saber La Voz del Sur Jerez, mantendrán el mismo convenio del que hasta ahora gozaban, con lo que su situación laboral no estará regulada por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el PP aprobó para la plantilla municipal, ni tampoco tendrá efecto sobre ellos los sucesivos recortes sociales a los que se le ha sometido a ésta en lo que va de legislatura. Fue la propia alcaldesa Pelayo la que en una reunión mantenida con estos empleados en la medianoche del pasado jueves 8 de mayo informó de que "no va a dar ni un paso atrás en la normalización definitiva del servicio". Fuentes sindicales ya hablan de un claro agravio frente al resto de la plantilla y de los trabajadores del grupo de empresas municipales, pendientes de liquidaciones, absorciones e incluso de un fallido ERTE, caso de Onda Jerez, que ha dejado en suspenso el gobierno local tras advertir la Junta de su ilegalidad. "Nos alegramos por los trabajadores de los autobuses pero esto no deja de ser una arbitrariedad más dentro de la política de Pelayo", aseguran.
Hasta febrero del pasado año la plantilla de autobuses percibía un salario medio en torno a los 37.000 euros brutos anuales, si bien a propuesta del propio Ayuntamiento la asamblea de trabajadores aprobó una reducción del 20% de la masa salarial, que se desglosa a razón de un 12,4% de reducción en cuanto a retribuciones y un 7,6% en lo que respecta a condiciones laborales, de índole social y amortización de puestos de trabajo. Aquello supuso también el aumento de la jornada laboral a las 37,5 horas que marca la ley para el sector público y la congelación del IPC, aunque se decidió que el acuerdo se revisara este año toda vez que el servicio estaba en aquel momento intervenido. De momento, nada más se ha hecho público.
Tras un primer tercio de legislatura acosada por las huelgas y los conflictos laborales, especialmente con los autobuses que llegaron a alcanzar las 12 semanas de huelga consecutivas, la alcaldesa Pelayo no tuvo más remedio que ceder a las pretensiones de la plantilla en contra del propio criterio del equipo de gobierno popular, que incluso encargó informes para desaconsejar la gestión directa del servicio en contra del criterio de la oposición, que llevaba desde principios de legislatura defendiendo las ventajas de la municipalización. ¿Por qué ese cambio de opinión? Básicamente por hallar paz social como fuese y costase lo que costase, incluso contradiciendo otras decisiones de ahorro y recortes que en nada pasaban por algo similar.
"Ilógico es, sin ir más lejos, desprenderse de un servicio público como la gestión del ciclo integral del agua, que es rentable, y asumir la carga ahora de uno deficitario como es el de los autobuses", señalan fuentes sindicales. Como ilógico ha sido despedir a 260 empleados municipales y ahora engrosar la plantilla municipal con 149 nuevos trabajadores. Y más aun en pleno proceso de reestructuración de las empresas municipales que conlleva la disolución de entes como Ajemsa, Jesytel y Jereyssa, y cuyos empleados pasarán a ser absorbidos por el Ayuntamiento y tendrán que adaptarse a la regulación que rige al resto de trabajadores municipales. Organizaciones sindicales llegaron incluso a aportar al Tribunal Supremo las intenciones de municipalización de los autobuses como parte de una serie de pruebas que evidenciaban el incumplimiento del Plan de Ajuste por parte del gobierno local y, por tanto, la falta de justificación del ERE en el Ayuntamiento por causas económicas.
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