La casa de Samantha Gallardo y Domingo Grimaldi será derribada en diciembre de este año, después de que su expareja, presunto maltratador, acusara ante Urbanismo la construcción ilegal de dicho inmueble.

La vivienda de Samantha Gallardo, madre de un niño de 11 años, y su marido, Domingo Grimaldi, será derribada el 23 de diciembre de 2017 tal y como dicta una sentencia judicial. Su casa, erigida en junio de 2012 en el patio de la residencia del número 12 de la calle Laguna de la Isleta —en el patio exterior de la vivienda de los padres de ella— en la barriada rural de Las Pachecas, está construida en un suelo no urbanizable, además de que probablemente invada una vía pecuaria que es propiedad de la Junta. No obstante, el 100% de las casas edificadas en la barriada se encuentran sin escrituras y con riesgo de ser derruidas, según afirman los vecinos. El problema de esta familia viene a raíz de una denuncia presentada por la expareja de Samantha —y padre de su hijo— ante el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez en octubre de 2012, por el cual se inician los procedimientos judiciales para que se celebre un juicio y dicte una sentencia que los deja en la calle y sin alternativas a ocupar una vivienda de protección oficial. 

Todo comenzó en 2008, cuando Samantha decidió poner fin a su relación con el padre de su hijo a causa de malos tratos. "Terminé la relación porque él me cogía del cuello y demás...", informa, a lo que continúa:  "Hace ocho años yo tenía 21, él se presentaba en la discoteca cuando yo estaba con mis amigas, se paraba en medio de las avenidas... Pero llegó el juicio y no quise que entrara en la cárcel porque yo no quería vivir con eso en mi conciencia. Y porque yo no quería que el niño se criara sin su padre". Sin embargo, el acoso y el maltrato psicológico aumentó una vez separados y con el niño de por medio, ya que él empezó a denunciar a la madre de su hijo a cada rato por cuestiones inverosímiles.

"Me denuncia por todo. El niño se cae al suelo y me denuncia por malos tratos; lo que pasa es que ni siquiera le han archivado la denuncia. Cuando vivíamos en Estella de alquiler, mi niño se arañó con un cochecito que tenía al lado de la cama y fue a denunciarme. Mami que me ha tenido papi en la Guardia Civil, me decía". Desde que ella cortara la relación, él no ha parado de hacerle la vida imposible. "Sigue enamorado", piensa Domingo y murmura: "Que hay gente mala y ya está".

Samantha no solo afirma haber vivido agresiones y episodios de acoso, sino que también dice haber sido engañada por su ex pareja hasta tal punto en que, cuando estaban juntos, todo lo que compraba lo firmaba siempre a nombre de ella, dejándole una enorme deuda a la que ahora no puede hacer frente. "El banco nos quitó el piso y nos fuimos de alquiler. Pero como arrastrábamos deudas, y nos quedamos en el paro, decidimos que en vez de dejarle deudas a nadie, hacernos esta casa en el patio de mis padres", cuenta Samantha sobre las circunstancias en las que se han encontrado ambos para construir la casa que ahora tiene una sentencia de derrumbe. Si bien este matrimonio empezó a habitar la casa en el verano de 2012, poco tardó su ex pareja en presentar una denuncia por la construcción justificando que carecían de las licencias de obra necesarias para acometer dicha actividad. "Nos la lió y nos la sigue liando, porque esto lo ha provocado él", incide irritada e indefensa. "Queremos que el Ayuntamiento se ponga de acuerdo con Diputación y los del IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y hagan una prórroga de unos 4 ó 5 años hasta que se haga los deslindes de la vivienda, porque nosotros no hemos ocupado vía pública", explica Domingo. "Yo no voy a hacer la casa en mitad de la calle. No, la hice en el patio de mis padres", enlaza Samantha. La única solución que barajan para que no derrumben su vivienda, es que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez se pongan de acuerdo en los deslindes de Las Pachecas porque todavía no se han realizado. "Todos los vecinos estamos de acuerdo en pagar un canon, que venga un topógrafo y haga los deslindes para señalar por dónde coge la vía pecuaria. Cuando construimos la vivienda, desconocíamos totalmente el tema, si lo llegamos a saber, hacemos la casa encima de la de mis suegros, pagamos una multa y ya está. Así, no nos llegaría la orden de derrumbe", señala Domingo.

Finalmente en el fallo del pasado 24 de abril, el juez Antonio Ruiz Villén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pide seis meses de prisión para la acusada, Samantha Gallardo —que al no tener antecedentes le han dado la condicional durante dos años—, dos euros diarios durante seis meses —unos 60 euros al mes— y la demolición de la vivienda en un periodo máximo de seis meses, además de tener que pagar las costas judiciales. "Y una multa que pagaron mis padres que no sabían que era nuestra", añade ella.

Más allá de la sentencia, ambos informan que el causante de su actual infierno sigue presentándose en la puerta de la casa que él previamente ha denunciado. "La justicia dicta que se debe hacer el derribo y no son capaces de darse cuenta de que por lo menos que él no se presente aquí, porque lo que está buscando es que cualquier día ocurra algo...", finaliza Samantha. Su abogado le ha explicado que lo único que puede hacer es denunciarlo por acoso, porque no le está permitiendo realizar su vida con naturalidad. No obstante, la pareja lo que quiere ahora es impedir la demolición de su vivienda, por lo que este miércoles 2 de agosto llevarán a cabo una protesta en la puerta del número 12 de la calle Laguna de la Isleta, a partir de las 10:00 horas, para que el Ayuntamiento y la Junta lleguen a un acuerdo y no permitan que este matrimonio se quede en la calle con un niño de 11 años. 

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Claudia González Romero

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