Vecinos llevan años denunciando la supuesta actividad ilegal de un propietario que no cuenta con licencia para ejercer la explotación avícola.
“¿Por qué no se cumple la ley?”, se pregunta Pedro Moreno, un vecino de Montealegre que lleva años aguantando el mal olor que desprende la granja de pollos que tiene a escasos metros de la vivienda de su madre, donde prácticamente reside, ya que tiene que cuidar de ella la mayor parte del día. La historia no es nueva. En la finca colindante a la suya se han criado aves durante muchos años pero, tras una tregua de ocho años, en 2012 se volvió a dedicar a este fin.
“¿Cómo le permiten ejercer esta actividad?”, dice Pedro, que no se lo explica en vista de los informes con los que cuenta. La delegación de Urbanismo del Ayuntamiento, en junio de 2013, ya levantó acta contra el dueño de la explotación avícola por ejecutar obras de adaptación de la nave sin licencia urbanística y por no tener tampoco permiso para la apertura. Los terrenos, según el PGOU en vigor, de 2009, están calificados como suelo no urbanizable de especial protección de interés paisajístico, aunque el propietario ha solicitado para una de las naves la declaración de asimilado a fuera de ordenación, algo de lo que está pendiente de resolución.
Ese mismo año, en 2013, tanto Medio Ambiente como un escrito de la Policía Local, certificaban el hedor que desprendía la nave en cuestión. La delegación habla de “olores que son insoportables procedente de una cría de pollos” y el 092 certifica que es “muy incompatible y poco saludable para vivir allí, donde residen varias personas, entre ellas dos menores de edad, pudiendo existir riesgo sanitario en el lugar”.
Para más inri, en marzo de 2015 el Ayuntamiento dictó un decreto de cese inmediato de la actividad para explotación avícola por carecer de autorización municipal, aunque a día de hoy sigue funcionando. Por eso Pedro solicitó, a través de su abogado, el cese de la actividad como medida cautelar en vista de que “existen resoluciones administrativas del Ayuntamiento que declaran la ilegalidad de la actividad e incluso ordenan el cese de la misma”, argumentando que el propietario de la explotación “está posicionado en una conducta deliberadamente rebelde, de desobediencia a la autoridad”.
Aunque el juzgado no aceptó su petición al considerar que el demandante pretendía “adelantar el fallo de una sentencia que pudiera recaer en un procedimiento que ni siquiera ha instado, pese a venir interponiendo quejas y reclamaciones de diversa naturaleza desde principios de 2013 y contar con abogado de oficio desde abril de 2015”.
La jueza señala que “el actor ni consta que resida en la vivienda situada a escasa distancia de la nave ni consta que sea vea perjudicado en su salud por causa de olores procedentes de la nave existiendo en su propiedad una cantidad indeterminada de animales del género aves en ignoradas condiciones de legalización”. La actividad de la granja “data de 50 años atrás”, dice el juzgado, por lo que asegura que “son irrelevantes los procedimientos administrativos en curso respecto a los que el actor ha invocado y aportado resoluciones administrativas”.
El Defensor del Pueblo Andaluz, al que también ha acudido Pedro, apunta en un informe que es el Ayuntamiento quien “debe exigir al titular de la actividad que adopte medidas a fin de minimizar esas molestias e intensificar la labor inspectora para verificar que dichas medidas correctoras se están aplicando”, algo que este vecino duda que se esté llevando a cabo.
“¿Qué hay detrás de esto?”, se vuelve a preguntar Pedro, que no se explica que continúe la actividad tras los informes que tiene en su poder. Este medio ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con el propietario de los terrenos para que dé su versión de los hechos.
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