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El Consejo de Ministros aprueba la extinción de la sociedad, que forma parte del Estado desde febrero de 1983, y sus activos de unos 160 millones de euros pasarán al Tesoro Público. 

El Consejo de Ministros ha autorizado la extinción y liquidación de Rumasa, con unos activos de 160 millones de euros que ingresará el Estado a través del Tesoro, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones recogidas por Europa Press. "Se cierra por fin un capítulo", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que la extinción de la sociedad, que forma parte del Estado desde 1983, fecha en la que fue expropiada por el Gobierno socialista a la familia Ruiz-Mateos, se autoriza tras 1.500 pleitos judiciales, todos ellos favorables a la Administración. La decisión se produce apenas un par de meses después de la muerte de José María Ruiz-Mateos, impulsor de aquel holding y que era procesado por estafa, insolvencia y fraude tras la quiebra de Nueva Rumasa, el segundo 'Titanic' que hundió en tres décadas.

La vicepresidenta ha recordado en este sentido que el Tribunal Supremo dictó un auto en 2014 en el que desestimaba las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de 182 sociedades, lo que puso fin a un contencioso de más de 30 años. "Una vez enajenadas todas las sociedades y finalizados los contenciosos, vamos a proceder a la liquidación y extinción de la sociedad, a cerrar el capítulo por fin", ha señalado Sáenz de Santamaría. Según ha explicado, está previsto que la sociedad estatal Cofivacasa, cuya actividad es la gestión de la liquidación ordenada de empresas participadas mayoritariamente por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sin actividad industrial o comercial, se encargue de la liquidación de Rumasa.

La extinción de la Sociedad Mercantil Estatal Rumasa SA llega al entenderse que ha cumplido con su objeto, tras haber reprivatizado todas las empresas del grupo y haber gestionado las reclamaciones de los antiguos accionistas. Actualmente, el principal activo de la sociedad son inversiones financieras a corto plazo y efectivo, por un importe aproximado de 160 millones de euros. El remanente de fondos que resulte tras la liquidación de la sociedad será ingresado en el Tesoro Público, según consta en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros.

El 23 de febrero de 1983, mediante el Real Decreto Ley 2/83, el Gobierno expropió Rumasa, y las empresas que componían su grupo por razones de utilidad pública e interés social. Así, el 100 por 100 de su capital pasó a ser propiedad del Estado. Este hecho condicionó toda la actividad de Rumasa puesto que, coherentemente con el contenido de las disposiciones legales expropiatorias, el Gobierno declaró su propósito de reprivatizar, una vez saneadas, las compañías expropiadas. Esa intención fue cumplida en 1990, con la venta del Banco de Expansión Industrial, última empresa con actividad, culminando, así, el proceso privatizador.

Reclamaciones judiciales

La decisión de expropiar originó, entre otras consecuencias jurídicas y económicas, multitud de reclamaciones judiciales. Durante este período, por Rumasa SA se ha mantenido una colaboración directa con la Abogacía del Estado para la defensa en los más de 1.500 pleitos que los antiguos accionistas han mantenido con la Administración del Estado, según detalla el acuerdo. En este sentido, "hay que destacar el éxito respecto a los fallos obtenidos, todos ellos favorables a la Administración". Tras la desestimación por el Tribunal Supremo de las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de diversas sociedades del grupo, se pone fin a un contencioso de más de treinta años y puede darse por concluido el objeto de la sociedad estatal Rumasa. Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de Ministros ha considerado procedente autorizar la extinción de la sociedad, previa su liquidación, de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

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