Familias de recién nacidos desaparecidos, entre ellos una de Jerez, mantienen un encuentro en Madrid con eurodiputados para explicarles sus casos. "Lo que han escuchado por nuestra boca no lo han oído de ninguna autoridad española".
Luisa Fernández Terrazas lo tenía meridianamente claro, pero ahora mucho más: “Nos han estado tomando el pelo todos estos años”. Un 24 de febrero de 1972 perdió en un parto a dos hijos. La sedaron, se quedó dormida y cuando despertó, una monja y una enfermera, las que la habían custodiado, le explicaron que habían nacido enfermos y que estaban en incubadoras. Nunca los llegó a ver. Luego le explicarían que murieron, pero la historia fue inverosímil. Luego descubriría una serie de mentiras que implicaban a religiosos, personal médico y funcionarios. Los múltiples casos de bebés robados que fueron surgiendo en la provincia y toda España le terminaron de abrir los ojos. Desde hace años es vicepresidenta de SOS Bebés Robados en Cádiz y junto a su marido, Francisco Tocón, ha movido cielo y tierra, desembolsado una gran cantidad de dinero en abogados para ir deshilvanando un ovillo que era gigantesco.
Lo cierto es que María Luisa, así como otras afectadas por estos casos a los que el gobierno español le cuesta tanto admitir y dar por ciertos, acudieron a principios de esta semana a Madrid para contar sus historias a una delegación de nueve eurodiputados, presidida por la británica Jude Kirton-Darling, que quisieron conocer de primera mano toda la información posible sobre estas denuncias. Junto a la británica, dos italianos, un polaco y un letón y otros cuatro eurodiputados españoles, entre estos últimos, Marina Albiol (IU), impulsora de este encuentro y que reconoce que con esta iniciativa esperaban “responder a las demandas de las asociaciones y víctimas y que se ponga de manifiesto la crueldad y violación de los derechos humanos en España, tanto durante los años en que se produjeron los robos de bebés, durante el franquismo y hasta mediados de 1990, como en la actualidad, ya que el PP ha intentado por activa y pasiva evitar esta misión”.
Y así ha sido. Luisa Fernanda reconoce que los eurodiputados se quedaron “de piedra”. Ella, que fue a título personal a Madrid, no como miembro de SOS Bebés Robados, señala que explicó su caso con pelos y señales en la oficina que el Parlamento Europeo tiene en la capital, hasta el punto de que “una de las europarlamentarias se echó a llorar. Nos dijeron que lo que habían escuchado por nosotros no se lo habían contado nunca las autoridades españolas”.
De este encuentro, Terrazas se queda con aspectos positivos. Sobre todo porque señala que “ellos nos han dicho que van a hacer lo posible para que el Estado haga más de lo que ha hecho, que es prácticamente nada. Que nos facilite asistencia de abogados, porque todo lo hemos tenido que pagar de nuestros bolsillos; que se cree un banco de ADN gratuito y que se abran los archivos, incluidos los de las iglesias, para encontrar los certificados de nacimiento y que todo esto pueda salir a la luz”.
Luisa Fernanda, así como el resto de afectadas, también tuvieron la oportunidad de reunirse con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, del que se llevó una mala impresión. “No nos pudimos creer que nos dijera, tanto a nosotros como a los eurodiputados, que lo de los bebés robados no era una trama, sino casos muy aislados”, lamenta, lo que le hace ver con más claridad que “no nos han ayudado porque esto nunca ha interesado que saliera a la luz. Aquí hay mucha gente implicada en esto”.
Los eurodiputados, además de con las familias afectadas y con el propio Maza, se entrevistaron también durante su estancia en Madrid con la Secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés Martín, donde también escucharan a peritos forenses; así como a la letrado de la administración de Justicia, Carmen de Troya Calatayud, coordinadora del servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos. Igualmente entablaron una reunión con Concepció Ferrer, adjunta al Defensor del Pueblo; con médicos, abogados especialistas en el caso; con la comisión de Justicia; así como con la periodista Ana María Pascual, especialista en el caso de los niños robados y que publicó recientemente en la revista Interviú el hallazgo de los archivos del desaparecido Patronato de Protección a la Mujer y la Obra de Protección de Menores —instituciones franquistas que velaban por la moral nacionalcatólica— en los sótanos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde pueden encontrarse muchas pruebas y pistas sobre el paradero de estos niños robados.
Comentarios