Desbordados de trabajo, con un volumen anual de 30.000 atenciones, lamentan episodios "graves o muy graves de inseguridad". CCOO asegura que no se cumple el protocolo de violencia laboral externa.
Insultos, gritos, faltas de respeto, escupitajos, manotazos, empujones o exigencia de atención inmediata... Este es el lamentable día a día del personal que conforma el trabajo de Acción Social en los centros cívicos, donde se tramitan bonificaciones y ayudas específicas a familias en riesgo de exclusión de la ciudad. El volumen de trabajo que soportan es ingente y la desesperación de muchos de los usuarios que llegan a solicitar ayudas es máxima, lo que convierte la rutina laboral en un cóctel mortal. CCOO ha vuelto a dar la voz de alarma públicamente tras llevar dos años denunciando esta situación a nivel interno. De hecho, en junio de 2015 se elaboró un informe sobre la situación del personal en los servicios sociales comunitarios que ya ponía de manifiesto la falta de personal y la situación de inseguridad en los centros cívicos. "Incluímos propuestas de mejora a la delegada de Acción Social (Carmen Collado), y en octubre de 2015 nos reunimos con representantes de Alcaldía y otras delegaciones, pero pesar de que han transcurrido casi dos años, se ha avanzado muy poco, ya que seguimos teniendo una plantilla escasa, sobrecargada y sin protección ni respuesta a los episodios de violencia laboral externa".
La plantilla de Acción Social, en la que se engloban ordenanzas, administrativos y técnicos, "está sufriendo en los últimos años un incremento de las conductas violentas y actitudes inapropiadas. En nuestra opinión, son fruto del incremento del número de usuarios atendidos, del nivel de necesidad actual de la ciudadanía y de la falta de personal". La gran mayoría de las 30.000 personas que han pasado por los servicios en este último año, gestionados por unos 46 técnicos en centros cívicos, "mantienen un trato correcto y respetuoso; gozamos de una ciudadanía responsable que incluso en épocas tan desalentadoras como la actual suelen mantener una actitud correcta con el personal municipal". Sin embargo, expone CCOO en un comunicado, "en los últimos tiempos, y dependiendo de las especiales características de la zona, viene siendo habitual un incremento de actuaciones hostiles fruto del incremento de los usuarios atendidos y del nivel de necesidad actual de la ciudadanía".
"Estamos descubriendo un aumento de los episodios graves o muy graves de inseguridad", denuncian públicamente. Y añaden que "esta situación es sufrida por todos los profesionales. Es una realidad que la viven desde la ordenanza, el administrativo o la vigilante, por ser ellos quienes reciben a toda la población y en algunas ocasiones tienen que contenerla, hasta los psicólogos, educadoras o trabajadores sociales, como responsables de ejecutar la intervención". Algunas de las consecuencias de la exposición constante a estas situaciones son: "desgaste de los profesionales adscritos al área, dando lugar al síndrome del quemado (Síndrome de Burnout); aumento de la tolerancia hacia la agresividad laboral externa (VLE); aumento en su nivel de stress y distress laboral por la exposición a recibir insultos, gritos, faltas de respeto, escupitajos, manotazos, empujones o exigencia de atención inmediata".
La central sindical ha destacado que, aun existiendo un Protocolo de Violencia Laboral Externa (VLE) realizado por el Departamento de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, "los procedimientos que incluye dicho protocolo no se cumplen. Y lo que es peor, no se conocen por gran parte de la plantilla dado que no se ha recibido formación alguna desde hace más de diez años". "Creemos que una parte del contenido sigue estando vigente, pero es imprescindible una actualización y supervisión del cumplimiento de los mismos, ya que en estos últimos años la Delegación de Acción Social no ha mostrado un interés por este asunto. Consideramos que la dirección y la responsable política del Área de Acción Social no han realizado las acciones oportunas para frenar el aumento de las situaciones violentas o inseguras que padece la plantilla a la que están obligadas, por ley, a proteger", han aseverado.
La sección sindical, advierte en última instancia, "ejercerá las acciones legales que correspondan ante los organismos pertinentes si no se toman las medidas oportunas para garantizar la seguridad y salud del personal, todo ello sin el perjuicio de seguir elaborando propuestas y colaborando en todas las acciones encaminadas a la mejora de la situación actual". Entre las medidas planteadas están el llevar a cabo acciones formativas sobre el Protocolo de Violencia Laboral Externa entre el personal afectado y actualizar el mismo a la realidad actual; incorporar en el Servicio de Prevención la figura que pueda evaluar el riesgo psicosocial; implantar todas las medidas preventivas necesarias tras llevar a cabo un exhaustivo análisis del riesgo de cada puesto; dignificar las condiciones laborales de todas las categorías profesionales en los centros Ccívicos, dotando de medios y una adecuada valoración de los puestos; realización y aprobación de un Reglamento de Régimen Interno de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento Jerez que desarrolle los derechos y deberes de las personas usuarias e incluya medidas concretas ante el incumplimiento de los deberes, máxime si con ello se vulneran los derechos de los profesionales que desarrollan su labor en los diferentes dispositivos; y contratación de nuevo personal en base al artículo 21.2, de la Ley 36/2014 de 26 de diciembre de los Presupuestos Generales Estado para el año 2015, donde se establece la posibilidad de contratación para los servicios públicos esenciales así como promover traslados de compañeros y compañeras en condiciones dignas y seguras".