"Es una chapuza con mayúsculas y un retroceso en nuestras competencias, una cacicada". Así ha definido Manuel Bertolet, alcalde de Torrecera, el convenio económico presentado por el Ayuntamiento de Jerez a las siete ELA del municipio el pasado 29 de diciembre. Seis de las siete pedanías han mostrado su rechazo absoluto a un documento que el Consistorio pretendía que firmasen un día después de presentárselo y que nace sin consenso, según denuncian. Junto a Bertolet; Blas Moreno, de Estella del Marqués; Nieves Mendoza, de Guadalcacín; Antonio Ramos, de San Isidro del Guadalete; Javier Contreras, de Nueva Jarilla; y Miguel Morales, de El Torno, se han negado a firmar este convenio, ya que les parece "una tomadura de pelo". Todos los alcaldes pedáneos excepto el popular Alejandro López, de La Barca de la Florida, la ELA que sale mejor parada en este reparto, según aseguran los alcaldes comparecientes.
Es Manuel Bertolet quien incide en la falta de transparencia del documento, ya que "parte de unos datos que desconocemos, como las tasas que se recaudan en concepto de vehículos o el IBI que pagan nuestros ciudadanos". "Es un documento arbitrario y poco riguroso", añade. Incluso que el convenio se saca "conejos de la chistera" al atribuir a las ELA gastos como el suministro eléctrico y el pago de los porteros de los centros escolares. "Tengo que pagar dos porteros, luz, agua, teléfono y ascensor, lo que supone una merma a mi asignación de casi 300.000 euros", se queja Nieves Mendoza, de Guadalcacín. Blas Moreno, alcalde de Estella, asegura que se sienten "engañados". "Nos han metido un gol por la escuadra con el tema de los colegios", apunta.
También critican que el documento no incluya un calendario de pagos de la deuda que mantiene el Ayuntamiento matriz con las pedanías y que se limite a poner una fecha límite para saldarla: el 31 de diciembre de 2021. "Guadalcacín es la ELA más grande por habitantes y recibe menos que La Barca, que me lo expliquen", recrimina Mendoza. Por eso aseguran que si el Ayuntamiento no rectifica tomarán las acciones legales que vean oportunas.
Por el mantenimiento de parques y jardines el Ayuntamiento también pretende cobrar a las ELA entre 20.000 y 70.000 euros al año, según las entidades, a pesar de que insisten en que nunca han conveniado con Jerez que lleve este servicio; con el que están muy descontentos; y han pedido que les transfieran ese dinero para gestionar ellos su propia limpieza. La aplicación del Plan de Empleo Joven en los núcleos rurales también ha centrado parte de la intervención de los alcaldes pedáneos, ya que beneficiarios que "no saben ni dónde tienen que ir, ni qué tienen que hacer", e incluso hay algunos que se han incorporado con hasta diez días de retraso y carecen de material y ropa adecuada para ejercer sus funciones.
El paso de la gestión del agua de Aquajerez a la empresa pública Aguas de la Sierra, que tantos quebraderos de cabeza está dando a los alcaldes de las tres ELA rebeldes (Guadalcacín, Estella y Torrecera) sigue su curso. "Hemos empezado a leer contadores, un poco a las bravas", apunta Nieves Mendoza, quien pide al Ayuntamiento y a Aqualia que se sienten para pulir los "flecos" que quedan pendientes para terminar con un proceso que se está alargando en el tiempo. Mendoza pide ayuda, "o por lo menos que no nos pongan zancadillas", porque "el que va a sufrir el daño es el vecino". Bertolet apunta que piden "consenso" y "lealtad institucional" para culminar con el traspaso de transferencias de Aquajerez a las ELA, "tal como hizo Aguas de Jerez con Aqualia en su día". "A este Ayuntamiento le ha tocado decidir si defiende a los vecinos o a los intereses de una empresa privada, que se manifieste ya", zanja tajante.