Ganemos Jerez, Podemos provincial y CGT aseguran que la medida supone un despilfarro de dinero público, ya que el coste supera los 500.000 euros.
El Consorcio provincial de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CPBC) ha publicado el pliego de condiciones para la contratación del servicio de atención telefónica y del sistema integrado de gestión de emergencias 085, incumpliendo así el acuerdo plenario de la Diputación de Cádiz que en el mes de junio de 2016 aprobó su integración y gestión directa por el propio consorcio, censuran desde CGT, Ganemos Jerez y Podemos provincial, organizaciones que critican esta actuación.
En el acuerdo alcanzado en Diputación, con el beneplácito de todos los grupos políticos, se decidió realizar los informes jurídicos económicos pertinentes para poner en marcha el proceso de integración y gestión del servicio y no se ha publicado ningún informe técnico que justifique el acuerdo de integración del servicio en el Consorcio. El sindicato CGT considera "gravísimo" este proceder por parte del Presidente del CBPC, Francisco Vaca, y su gerente, que a su parecer "ningunean a la propia Diputación de Cádiz y parece que han decidido que ellos son los que toman las decisiones y que ningún organismo está por encima de ellos".
La organización sindical cree que "que no se haya llevado a pleno el tema antes de sacar el pliego de contratación del servicio de nuevo, solo puede deberse a que se quiere ocultar algo", por lo que censura el "oscurantismo" del Consorcio, que a pesar de las reiteradas peticiones de información de los Ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real sobre los presuntos informes negativos que fundamentarían la imposibilidad de la integración del servio no han sido publicados, CGT cree que "de existir esos informes no tendrán ningún rigor, puesto que no puede haber razones objetivas que desaconsejen dicha integración".
La medida supondría para las arcas públicas, según los cálculos del propio sindicato, un ahorro cercano a los 500.000 euros. "Estos graves hechos son motivo suficiente para el cese inmediato de Francisco Vaca como director del Consorcio, de no ser así entendemos que la presidenta de la Diputación, la señora Irene García, se está haciendo corresponsable de los mismos", apuntan desde CGT, que señala que el servicio externalizado ha costado más de dos millones de euros cada cuatro años.
“Irene García debe cumplir con lo acordado en el pleno provincial. No puede dar la espalda a los trabajadores y trabajadoras del servicio de atención telefónica y actuar en contra de los intereses de los ciudadanos de la provincia, pues además supondría un ahorro económico importante y una mejora evidente en la prestación del servicio”, argumenta la diputada de Ganemos Jerez, Ángeles González, que apostilla: "Tenemos que exigirle a la Diputación de Cádiz que asuma su compromiso, que sea transparente con los informes y que se comprometa con el trabajo digno”.