La jueza del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Jerez ha emitido un auto en el que dicta el sobreseimiento provisional de las actuaciones policiales y de los concentrados denunciados.
Un centenar de personas, la mayoría procedentes del 15-M, se concentraron de forma espontánea en los dos accesos de una vivienda de Caulina para protestar por el desahucio de la familia que residía en Pago de Caulina, 24. La acción policial llevada a cabo el 30 de septiembre de 2011 pretendió ser ejemplarizante, se saldó con 13 detenidos y logró instalar el miedo entre los activistas. Coincidiendo con el cuarto aniversario del famoso desahucio, los activistas detenidos entonces y los policías implicados han tenido noticias de los juzgados.
Las denuncias fueron interpuestas como consecuencia de la actuación policial efectuada durante el desalojo de la vivienda. La magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Jerez, María Emma Ortega, ha emitido un auto en el que ha dictado el sobreseimiento provisional. El documento, con fecha del 22 de septiembre, daba lugar a que ambas partes, policías y detenidos, recurriesen.
En el auto, la magistrada argumenta “que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que se imputa de desórdenes públicos, atentado y lesiones”, a pesar de la investigación realizada en la fase de instrucción. En una de las disposiciones manifiesta que no queda debidamente acreditado que “el ánimo fuese el de alterar la paz pública” y prevalecen el derecho a libertad de expresión, reunión y manifestación.
En cuanto a los presuntos delitos de atentado a los agentes de la Policía Nacional y de lesiones producidas por estos a los manifestantes, según la jueza, “resulta imposible individualizar la posible responsabilidad penal de unos y otros”. En cualquier caso deja la puerta abierta a que los miembros de la Policía Nacional que así lo consideren denuncien de forma individual las supuestas agresiones de las que fuesen víctimas durante el desalojo.
Este medio ha podido saber que ninguna de las partes ha recurrido el auto y el plazo para hacerlo ha expirado ya, de modo que deberán permanecer aún a la espera del informe del fiscal y de que después la jueza decrete el archivo definitivo de la causa.
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