Una sentencia del Tribunal Constitucional obliga a reformular la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a no cobrar este tributo cuando haya pérdidas al realizar una compraventa de vivienda.
El Ayuntamiento de Jerez recauda unos once millones de euros anuales por las plusvalías —el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana— que, en teoría, debe aplicarse cuando se produce una operación de compraventa y aumenta el valor de los terrenos, aunque en la práctica se cobra en todos los casos. Los ingresos previstos para este 2017 con cargo a este tributo son de unos 14,5 millones de euros, aunque previsiblemente será de mucho menos toda vez que el Tribunal Constitucional (TC) considera nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que permite el cobro de este impuesto aún existiendo pérdidas en la operación.
El teniente de alcaldesa de Economía, Santiago Galván, sostiene que aún no existe cuantificación de los ingresos que puede perder el Ayuntamiento con esta medida, y que continuarán aplicándola hasta que no se modifique la ley en el Congreso de los Diputados y se conozca el procedimiento que hay que seguir y las medidas compensatorias que se pueden aplicar. “Entendemos que la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) tendrá algo que aportar, ya que afecta a todos los ayuntamientos”, apunta.
El detonante de este fallo del TC es una cuestión de inconstitucionalidad que remite en septiembre de 2016 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Jerez tras el recurso presentado por el abogado José Cepero, en un escrito que recoge el testimonio de una inmobiliaria que compró unos terrenos en 2003 para construir 73 viviendas, que luego vendió a Unicaja por la mitad de su valor de tasación, operación por la que el Ayuntamiento de Jerez emitió un recibo con cargo al impuesto de plusvalía, que se cobra cuando se realiza una operación de compraventa, herencia o donación, incluso aunque se registren pérdidas.
Dicha sentencia recoge que el entonces delegado de Economía, el popular Enrique Espinosa, le respondió a la inmobiliaria que “el legislador desarrolló esta normativa reguladora a sabiendas que siempre se podría obtener una cuota positiva”. En febrero, el Tribunal Constitucional ya tomó la misma resolución para el territorio foral de Gipuzkoa, que ahora hace extensivo a todo el país. El gravamen, señala el TC, se vinculaba “a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo)”, por lo que para cobrarlo tan solo era necesario ser titular de un terreno de naturaleza urbana al que se aplica de forma automática un porcentaje fijo por cada año.
El portavoz local de Ciudadanos, Carlos Pérez, sostiene que “es inaceptable que el gobierno local anuncie que seguirá cobrando el impuesto de plusvalía cuando a día de hoy tiene la oportunidad de no hacerlo”. Pérez pide al Ayuntamiento que “tenga un gesto con los ciudadanos y paralice el impuesto de plusvalía en el caso de que haya pérdida para la persona que lleva a cabo la compra venta de la vivienda”. Cs, dice, quiere “que se paralice este impuesto de una vez por todas”, por eso solicitará en pleno que se paralice el cobro indebido del impuesto de plusvalía.
“Vamos a pedir de nuevo que se evalúe el montante de ingresos debidamente percibido, recordemos que es un impuesto injusto, así lo dice el Tribunal Constitucional, que se ha venido cobrando en los últimos años”, apunta Pérez. El líder de la formación naranja asegura que “en nuestra ciudad nuestros gobernantes actúan de espaldas a los jerezanos, anunciando que seguirán cobrando este impuesto a los ciudadanos hasta que el Ministerio diga lo contrario, decisión que consideramos inaceptable aún sabiendo que desde el Tribunal Constitucional lo ha declarado nulo”.
La organización de consumidores Facua, por su parte, ha puesto en marcha una plataforma para ayudar a los usuarios a reclamar a los ayuntamientos la devolución del impuesto de plusvalía si lo abonaron hace menos de cuatro años. Facua asegura que también tienen derecho a recuperar la cuantía abonada quienes lo pagaron tras perder su inmueble por un embargo o al acordar con el banco la dación en pago porque no podían abonar la hipoteca.
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