La céntrica plaza jerezana alberga una mesa redonda, enmarcada dentro de los Miércoles de cultura del 15-M, que aglutina a varios activistas de Jerez y de ciudades cercanas que narran el "acoso" al que han sido sometidos. El desahucio de Caulina, la ocupación de Válcarcel en Cádiz o el bloqueo al Parlament de Catalunya en 2011 centran las exposiciones
La plaza del Arenal fue escenario, dentro de los actos enmarcados en los Miércoles de cultura organizados por el 15-M, de una mesa redonda en la que varios activistas tanto de Jerez como de otras ciudades expusieron sus casos particulares, todos ellos con un denominador común: "la represión policial y el trato judicial". Entre los participantes estuvieron miembros del grupo Stop Represión 15-M de Granada, de Valcárcel Recuperado de Cádiz, personas que participaron en el desahucio de Caulina y uno de los imputados por el bloqueo al Parlament de Catalunya en 2011.
Carlos, integrante del movimiento 15-M de Granada, aportó un dato esclarecedor: en la ciudad nazarí contabilizan 161 multas a activistas, 110 de las cuales fueron por "identificación visual". Carlos asegura que "las multas han sido nuestro caballo de batalla". Estas multas suman una cuantía total de 52.000 euros. El hecho de que la mayor parte de estas multas se realicen sin pedir documentación hace pensar a este activista que "existen archivos de la Policía con listas negras, algo que es ilegal". Para Carlos, "el objetivo del grupo es visibilizar la criminalización que se está viviendo en los movimientos sociales". Desde Stop Represión se realizan jornadas de formación sobre temas jurídicos e incluso se enseñan protocolos de actuación frente a la Policía. En estos momentos secunda la campaña Carlos y Carmen absolución, que busca el perdón de la pena para dos activistas que fueron condenados a un año de prisión por participar en un piquete informativo durante la huelga general de marzo de 2012. El propio Carlos es uno de los condenados y asegura: "Nosotros hemos sido la cabeza de turco pero a quien se está juzgando aquí es al 15-M, que está siendo objeto de criminalización".
Una de las integrantes del Valcárcel Recuperado, Rosi, explicó la situación en la que están ahora mismo varios miembros del colectivo: "En junio de 2011 recuperamos el edificio, declarado Bien de Interés Cultural, y le dimos un uso social. Hacíamos entre cinco y siete actividades todos los días, pero se decide no pernoctar en él. Siete meses después, el 11 enero de 2012, entra la Policía a las ocho de la mañana, cuando no había nadie, e irrumpe para desalojarlo". De este colectivo hay seis personas imputadas, cuatro por un delito de usurpación de bienes inmuebles y otros dos por la creación de dos correos electrónicos. "En este momento hay varios frentes abiertos -añade Rosi-: el de las seis personas imputadas por insurrección y una denuncia interpuesta por Válcarcel Recuperado ante la Fiscalía Provincial de Cádiz contra las administraciones publicas y Zaragoza Urbana (propietaria del inmueble) por abandono del edificio y porque tenemos razones para pensar que ha habido robos".
El desahucio de Caulina (13 de septiembre de 2011), que se saldó con doce detenidos y numerosas cargas policiales, sigue siendo un caso sin cerrar. Esta misma semana, tras las pruebas en vídeo aportadas por los afectados, se ha reconocido a dos de los agentes que cargaron contra los presentes, y que tendrán que prestar declaración ante la juez. Para Kika, una de las presentes en el lanzamiento de la vivienda, la indefensión en este tipo de casos "es total y absoluta", ya que "la obligación de llevar la placa todavía se discute en este país". Para esta activista, "el hecho de que la juez se conforme con la identificación de dos policías me parece aberrante; mientras habrá que seguir pataleando". Kika considera que "aquí lo que se está condenando es el movimiento, la organización y la resistencia", por ello conviene en añadir que "esta gente de Caulina debe tener todo nuestro apoyo, para que se vea que no se les está condenando a ellos por una acción individual y que no son unos golfos y unos gamberros, sino que aquí los golfos y los gamberros son el sistema político y judicial".
Por último intervino uno de los imputados por el rodeo al Parlament catalán el 15 de junio de 2011, justo un mes después de surgir el movimiento 15-M, una acción que buscaba impedir que se aprobaran unos presupuestos "restrictivos". En este caso hay interpuestas denuncias de la Generalitat de Catalunya, el Parlament y el sindicato Manos Limpias y se ha imputado a 20 personas, para las que se solicita entre tres y ocho años de prisión y 7.500 euros de multa. El imputado aseguró que "Felip Puig -por aquel entonces Consejero de Interior de la Generalitat- nos tendió una trampa. El dispositivo policial fue una barbarie. Los Mossos no protegieron a los parlamentarios, los obligaron a entrar a pie. Lo más grave que pasó fue que se tiró un cono de obra al coche de Artur Mas, aunque nadie sabía que era suyo porque tenía los cristales tintados, y que se pintó una X con spray en la gabardina de la exconsellera Montserrat Tura". El caso lo lleva el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien "reconoce en el auto que si nos juzgara por hechos concretos no llegaría a pasar de faltas, lo que pasa es que no se puede permitir que un acto así sea una falta, entonces crea el concepto jurídico de intimidación ambiental y crea un precedente para otras manifestaciones", explica uno de los afectados. El juicio de este caso comenzará el próximo 31 de marzo y continuará el 1, 2, 3 y 25 de abril y el 5 de mayo, con el consiguiente "gasto económico y emocional que supone". El hecho de que sólo una veintena de las más de 6.000 personas presentes en la protesta vayan a ser juzgadas demuestra, para este activista, "la existencia de expedientes ilegales", por lo que "nuestros abogados lo denunciarán ante el juez". En apoyo a las personas imputadas por esta acción, el 29 de marzo habrá manifestaciones en varias ciudades españoles. En Jerez partirá a las doce la mañana de la plaza del Arenal para terminar en los Juzgados.
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