Manuel Bertolet, que ya ha salido absuelto en este mandato de otras dos querellas, insiste en que todo forma parte de "una campaña de persecución y descrédito".
El presidente de la junta vecinal de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Torrecera, Manuel Bertolet (IU), tendrá que declarar el próximo 3 de abril a las once de la mañana por un presunto delito de prevaricación administrativa, en relación con una supuesta contratación irregular que llevó a cabo en el Consistorio pedáneo. Como publica el diario Andalucía Información, el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha citado a Bertolet tras la presentación de una querella por parte de M.H.G., una vecina de Torrecera que cuestiona el proceso de contratación seguido para colocar en el Consistorio de la ELA a J.S.S, que también está citado para declarar como testigo ese mismo día.
Por su parte, el propio Bertolet ha manifestado, en declaraciones a la periodista del referido medio Rocío Alfaro, estar “tranquilo” ante una nueva comparecencia judicial y ha encuadrado esta denuncia en una “embestida contra mi persona y mi gestión” dentro de la campaña de “persecución y descrédito de la que estoy siendo objeto". El alcalde de Torrecera explica en Andalucía Información que la madre de la querellante también lo denunció en su día en un proceso en el que ha habido “varias etapas” y del que ha salido absuelto. Ahora es su hija la que se querella “por un tema casi familiar; están buscando a ver por dónde pueden darme”, ha lamentado.
La gestión del dirigente político en esta legislatura se está viendo salpicada por multitud de pequeños frentes judiciales y polémicas. A primeros del pasado 2016, Bertolet ya acudió a declarar como investigado tras una denuncia en la que se aseguraba que concedió una licencia de obra que posteriormente denegó, beneficiando así a otro vecino de la pedanía, según entiende esta familia. Los denunciantes creen que el alcalde de Torrecera no ofreció argumentos para retirar esta licencia, por lo que decidió llevarlo a los tribunales. El otro litigio nacía a raíz de una denuncia del PSOE en la que acusaba a Bertolet de alterar los contadores de agua y aseguraba que “ordenó”, presuntamente, “de forma fraudulenta, el suministro de agua de la red pública a un familiar”. En ambos casos ha sido absuelto. En un auto reciente, la Audiencia Provincial resolvía, en relación con el segundo caso mencionado, que “la controversia que subyace en relación a la competencia para realizar el suministro de agua en Torrecera es de índole administrativa y debe encontrar solución en dicha sede”. En cuanto a la denuncia por delito contra la salud pública, basada en la acusación de que los empleados del Ayuntamiento de Torrecera no están suficientemente capacitados para las operaciones técnicas aparejadas al abastecimiento de agua, los magistrados han señalado que “no basta para ello denunciar genéricamente la posible existencia de este delito sino que se han de concretar qué actuaciones llevadas a cabo por los empleados del Ayuntamiento suponen un riesgo para la salud pública, y ello no se ha concretado”.
Manuel Bertolet se mostró muy satisfecho por este fallo judicial, que calificó como una victoria más ante "a campaña de acoso y derribo que viene sufriendo por parte del PSOE local que, "auspiciado por Aqualia y sus intereses en la pedanía, intenta ganar en los juzgados lo que ha perdido en las urnas".
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