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El gobierno local anuncia a los sindicatos que abonará a la plantilla un pago lineal a cuenta al no poder completar en tiempo y forma la nómina y la 'extra' de diciembre. Los impagos no se producían desde primeros del año pasado, ya que los ingresos extraordinarios por la venta del agua han permitido desde entonces cierta sensación de normalidad en las arcas municipales, como ya deslizó el tesorero al advertir de desvíos para el pago de sueldos y gasto corriente.

Como en un permanente déjà vu y pese a las falsas llamadas a la normalidad y al orden en las cuentas del partido del gobierno local, el PP, la realidad a día de hoy es que el Ayuntamiento vuelve a tener un alarmante problema de liquidez. Tal es así, que la plantilla de trabajadores percibirá un pago lineal a cuenta en los próximos días al no poder hacerse frente a la paga extraordinaria de Navidad y a la nómina ordinaria de diciembre, que tradicionalmente se cobra antes de fin de año. Ni despidos, ni recortes en servicios públicos, ni privatizaciones... La política económica de drásticos ajustes, en según qué cosas, que emprendió Pelayo tras las elecciones autonómicas de 2012 se ha desmoronado. Paradójico, si se tiene en cuenta que el fin de semana pasado el partido de la gaviota ponía su gestión municipal como paradigma en las administraciones locales. La regidora mantuvo en una convención popular en la provincia que el gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jerez “ha hecho posible ordenar las cuentas tras el caos y hacerlo sin generar subidas de impuestos ni tocar políticas sociales".

La radiografía no puede ser peor. No hay ingresos recurrentes: la PIE está retenida al 100%, los ingresos por el canon de la privatización del ciclo integral del agua se han pulverizado, la política populista preelectoral que lleva a seguir gastando sin freno en gastos superfluos tampoco ayuda. Las cuentas vuelven a no salir a cinco meses de las elecciones municipales. Una situación de impagos de la nómina municipal que no se producía desde febrero de 2013, ya que desde entonces y hasta octubre pasado se fue tirando, entre otras cosas, con los ingresos por la venta de Aguas de Jerez. De hecho, un informe del tesorero destapado por La Voz del Sur afirmaba que Pelayo desvió este mismo año más de 8 millones de los ingresos extraordinarios abonados por Aqualia para pagar nóminas y gasto corriente, algo que prohíbe la ley.

Las secciones sindicales del Ayuntamiento han recibido en los últimos días una comunicación vía Whatsapp en la que se informa que el delegado de Recursos y Seguridad, Javier Durá, ha asegurado que "intentarán hacer un ingreso lineal para toda la plantilla (en torno a 1.500 euros) (...) El resto del dinero se cobrará cuando haya dinero, según siempre el delegado, esto podría ser en torno a la primera semana de enero". El mensaje concluye asegurando que el propio delegado popular comenta a los sindicalistas que "transmitamos ánimos a la plantilla" ante una situación que no se producía (al menos que se conociera públicamente) desde febrero de 2013, cuando personal de Infraestructuras se echó a la calle para presionar ante el impago de sus salarios.

Desde entonces, y gracias principalmente al ingreso extraordinario por el canon de la privatización del agua, el ejecutivo de Pelayo se ha ido, como se dice coloquialmente, bandeando, si bien en la recta final de la legislatura se comprueba que el Ayuntamiento tiene tres años y medio después el mismo estrangulamiento financiero con el que empezó el mandato pero con aún menos posibilidades de ingresos y con mayor volumen de deuda, habiendo incluso tenido que asumir a más trabajadores tras las absorciones del personal de los autobuses y de Onda Jerez, entre otras empresas públicas que se han disuelto.

Las secciones sindicales de UGT y CTP en el Ayuntamiento denunciaron en mayo pasado al Ayuntamiento por los retrasos en el pago de las nóminas, cuya media de días de atraso, denunciaban entonces, había vuelto a crecer pese a las supuestas medidas de ahorro y ajuste emprendidas por el gobierno local del PP, entre ellas un ERE para 260 empleados públicos y la venta del agua. Según denunciaron, la evolución anual media del atraso en el cobro ha sido de 7 días por mes en 2010; 24 días por mes en 2011; 32 días por mes en 2012; 10 días por mes en 2013; y ha aumentado “preocupantemente” de nuevo a 18 días en este 2014. “Se hace difícil entender a la vista de los datos cómo se han disparado las horas extraordinarias y se continúa con el pago de productividades, resultando bastante obvio que ni recortes ni ERE tenían como objetivo el ahorro”, manifestaron.

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