Vecinos de Estancia Barrera han denunciado a María del Rosario por ocupar una vivienda de Emuvijesa. "Primero me tengo que salir de aquí y luego me ayudan, ¿y mientras?
María del Rosario Marchena está casada y vive con sus dos hijos de okupa en una vivienda de Estancia Barrera. Titulada en peluquería, a sus 24 años, está en paro y apenas ha cotizado unos meses como autónoma cuando vendía refrescos en las playas durante tres temporadas. Tuvo la suerte de trabajar en la última promoción de planes de empleo de la ciudad. Su marido lleva ocho años trabajando solo “en lo que le va saliendo, en el campo o lo que sea", pero nada estable ni regulado. Un mes después de dar a luz a su hija pequeña, en diciembre de 2013, ella y su familia deciden ocupar una vivienda en Estancia Barrera. Con esta drástica e ilegal medida ponía fin a años dando tumbos de casa en casa de las que se marchaba o era echada al no pagar el alquiler. “También hemos estado viviendo en casa de mis padres con el techo de uralita, pero no podíamos seguir así”.
“Mi marido es de esta zona y los conocidos nos dijeron que un hombre mayor se tuvo que ir porque no podía pagarla. Un vecino entró por una ventana, sin hacer destrozos y desde dentro me cambió el bombín”, cuenta la joven. Un día después presentó el primer escrito dejando constancia de la ocupación y más tarde otro con la firma y el consentimiento de los vecinos. Desde entonces ha intentado por todas las vías regularizar su situación. “Que me digan un alquiler que yo pueda pagar. No me aferro a esta casa, pero necesito una vivienda en la que pueda vivir con mis hijos”.
Sin embargo, el pasado 4 de junio compareció en los Juzgados denunciada por la administradora de fincas. Los abogados de la acusación piden que desalojen la vivienda y una sanción económica. Ella no lo entiende, afirma mientras muestra los documentos con las firmas de los vecinos que recogió en su día. “No somos porblemáticos”.
Este medio se ha puesto en contacto con la empresa municipal de la vivienda de Jerez, Emuvijesa. Desde su gerencia, Eva bravo, ha informado que esa vivienda estaba adjudicada a otra familia “y ya esa familia se quedó sin vivienda”. Según les consta, el pasado 29 de agosto de 2014 los vecinos instaron a la administradora e interponer la denuncia ese mismo día. En 2015 les llegó la petición de Rosario para regularizar su situación, algo al margen de la legalidad. “No se puede hacer porque seríamos cómplices”. Es por ello que en febrero de 2016 Emuvijesa comunica que la vivienda se adjudica según el procedimiento y que su caso debe ser derivado a Bienestar Social para ser estudiado y seguir los cauces legales al tratarse de una vivienda pública.
La delegada de Igualdad y Acción Social, Carmen Collado, ha contactado personalmente con la familia para tranquilizarles e informarles de que estudiarán la forma de encontrar una solución si Servicios Sociales consideran que es un caso de emergencia. “Hay que estudiar cada caso porque hay otras familias que también lo están pasando muy mal. El Ayuntamiento tiene la obligación de denunciarlo porque le quitan la casa a otra familia, de lo contrario se quedarían con las viviendas el primero que llega”, aclara Bravo.
María del Rosario está desesperada. En 2010 ya solicitó una vivienda y ha lidiado con numerosos contratiempos burocráticos. Durante todo es tiempo no ha parado de pedir ayuda en Bienestar Social. “Me dicen que no pueden hacer nada porque las viviendas son de Emuvijesa, que primero me tengo que salir de aquí y luego me ayudan, ¿y mientras dónde voy con mis hijos? No saben cuándo me encontrarán una casa”. Además, pese a sus constantes escritos, asegura que hasta ahora que el asunto no ha llegado a los medios, el Ayuntamiento no le había prestado ayuda.
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