Antes de que llegue el 31 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Jerez tiene que haber consolidado un total de 1.067 empleos de la plantilla municipal, 911 del propio Consistorio y otros 156 de sociedades y fundaciones municipales —dos en Cirjesa, 82 en Comujesa, siete en Ememsa, trece en Fundarte, 40 en el Centro de Acogida San José, cinco en Mercajerez y siete en Emuvijesa—.
Dentro del proceso de estabilización impulsado por el gobierno local, que desde 2017 viene convocando Ofertas de Empleo Público (OEP) tras 30 años sin haber procesos de concurso-oposición, la junta de gobierno local aprobó, el pasado mes de mayo, una OEP extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, en base a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El Ayuntamiento de Jerez convertirá a cuatro funcionarios interinos en funcionarios de carrera y a 907 laborales indefinidos no fijos en laborales fijos, estabilizando así sus puestos. Una cuestión importante, sobre todo, de cara al futuro, porque así se fijan las plazas cuando los trabajadores se vayan jubilando, no como hasta ahora, que siendo puestos temporales, se pueden amortizar, perdiéndose así esas plazas.
Muchos empleados municipales consolidarán, cuando concluya el proceso, sus puestos de trabajo, pero la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía mediante concurso de méritos, por lo que se puede dar una curiosa casuística: que vuelvan a sus empleos algunos de los empleados despedidos en el ERE municipal ejecutado por el PP en 2012 y no readmitidos por el PSOE después de un largo proceso, judicial y social, que concluyó con 260 despidos.
Precisamente esta semana se han cumplido diez años de la ejecución del ERE municipal que, bajo un gobierno del PP, con María José García-Pelayo como alcaldelsa —candidata a la reelección en 2023—, dejó en la calle a 260 empleados públicos. Un proceso que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el despido colectivo, consideró “no ajustado a derecho” y “completamente arbitrario”.
Después del TSJA, el Tribunal Supremo declaró “ajustado a derecho” el ERE, aunque seis de los 14 miembros de la Sala emitieron un voto particular pidiendo la anulación del expediente. Un varapalo para los afectados, que intentaron la readmisión hasta el último momento, hasta que en 2016, tras hallar una posible solución con la firma de acuerdos transaccionales entre los despedidos y el Ayuntamiento, se esfumaron sus esperanzas de volver cuando el gobierno local, ya del PSOE, con Mamen Sánchez como alcaldesa, no reintegró a los 116 que por entonces querían regresar por miedo a prevaricar.
Ahora, con el proceso de estabilización iniciado por el Ayuntamiento, los empleados incluidos en el ERE municipal, muchos de ellos con décadas de experiencia en la Administración pública, pueden presentar sus méritos para optar a determinados puestos, colocándose por delante de miembros actuales de la plantilla municipal. "Mucha gente se fue teniendo 20 o más años de antigüedad, si presentan su experiencia y formación, pueden estar por delante de trabajadores actuales por méritos propios", confirman a este medio fuentes conocedoras de este tipo de convocatorias de empleo público.
Estas mismas fuentes temen, eso sí, "que los sindicatos presionen para que el proceso de estabilización favorezca a los que están dentro", una cuestión que está en el aire, ya que de momento no se conocen los criterios de evaluación de esta OEP extraordinaria de estabilización de empleo. En los próximos meses se resolverá la incógnita. Y se conocerá si, lo que no se consiguió vía judicial, la readmisión de incluidos en el ERE municipal de 2012, se logra mediante un proceso abierto que puede devolver a sus puestos de trabajo a quienes fueron despedidos hace ya una década.
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