El Partido Popular de Jerez lanzaba una advertencia tras reunirse en días pasados con los trabajadores de la gasolinera Galp ubicada en La Marquesa. En una pregunta al Ayuntamiento explicaban que la citada estación de servicio se ubica en suelo municipal y que la concesión ha recaído ahora en otra empresa, lo que ponía los nueve empleos en la picota. "¿Por qué el gobierno municipal no ha defendido los puestos de trabajo existentes en esta concesión administrativa?".
El pliego incluía una cláusula social que indicaba a la nueva concesionaria que debía contratar a las personas procedentes del desempleo, pero no que se subrogaran a los anteriores trabajadores. La cuestión es que la mayoría de los empleados, de entre 40 y 50 años, tienen en su mayoría los casi 15 años de antigüedad de la gasolinera. Galp, de esa forma, al término de la concesión, seguiría siendo empleadora de estos trabajadores.
Tal y como señalaron en reuniones previas, Yamila Castaño, empleada y de CCOO, explicaba este jueves que en febrero se había abierto la licitación, que reclamaban la subrogación en base a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, pero que "con probabilidad nos dejarán en la calle". En junio salió la resolución y entraba Cepsa como nueva concesionaria.
A este proceso se le pusieron dos recursos: uno, por parte de Galp, y otro, desde CCOO como sindicato, indica Castaño. Sin embargo, en paralelo a la celebración del pleno municipal, el gobierno municipal comenzó a informarse. El tiempo iba en contra de los trabajadores, pues la entrega de llaves a la nueva concesionaria se realizará el martes 29 de junio.
Al final de la mañana, todo apuntaba a que era una cuestión interna de Galp. La alcaldesa, Mamen Sánchez, indicaba a lavozdelsur.es que "es una concesión diferente a la de un servicio público. La concesión es sobre un inmueble, y de hecho lo lleva Patrimonio, no Contratación", explicaba sobre el área involucrada en el Ayuntamiento. La clave está en que si una empresa se va de un local, sea público o privado, la vinculación con el trabajador sigue adelante y no se extingue, y ya es decisión de la empresa ofrecer una recolocación o poner en marcha el despido.
Posteriormente, y también en paralelo al pleno municipal, la delegada de Economía y Hacienda, Laura Álvarez, se puso en contacto con Cepsa. Fuentes municipales explicaban que "a lo más" que se podía llegar en ese momento era a "ofrecer" o "animar" a la empresa a que se hiciera cargo de los trabajadores.
La sorpresa llegó cuando, según explicaba el gobierno municipal, "nos dice Cepsa que incluso ha pedido los datos de los trabajadores a Galp para contratarlos". Eso no es lo que había sido comunicado a los trabajadores, según CCOO. En el aire, mientras, los dos recursos que deben resolverse en el Consistorio sobre la concesión finalizada.
Mientras tanto, nueve trabajadores aún no tienen la certeza de que vayan a continuar trabajando a partir del martes, pero al parecer ya existe esa idea previa de que se mantengan los puestos de trabajo. Entre medias, según explican, habrá obras, lo que podría conceder cierto margen. "Nos hemos quedado mucho más tranquilos en la plantilla. No hay nada concretado pero estamos esperando a que se reúnan con nosotros", remachaba Castaño. La historia de un despido de nueve personas que, salvo sorpresa, será un no despido.
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