Visto para sentencia el juicio del caso de la presunta estafa de Credijerez, tras años de instrucción, dimes y diretes, y juicios paralelos. Caras largas entre las familias de los denunciantes y satisfacción entre la de los denunciados, que creen que la sentencia será absolutoria

“La suerte está echada”, como decía Roberto Carlos Ortega, abogado de Rafael Romero y Antonio Soto, dos de los afectados por la presunta estafa de la extinta financiera Credijerez, cuyo juicio ha concluido este jueves en la Audiencia Provincial tras cuatro días de vista.

El de Credijerez es uno de esos casos que se han ido prolongando con el tiempo y enmarañando a base de acusaciones, dimes y diretes y juicios paralelos. Pero finalmente se llegó hasta el presente mes de octubre y ahora serán los jueces los que dictaminen si hubo o no estafa.

Como se recordará, la historia se remonta a 2007, cuando el caso de Antonio Soto salta a los medios a causa de su desahucio. Soto, un año antes, había acudido a Credijerez para reunificar una deuda que mantenía de 18.000 euros. La financiera le concedió un crédito de 38.200 euros, y se le comunicó que se le rehipotecaría su piso para que pudiera pagar a plazos. Si bien liquidaron los 18.000 euros de la deuda inicial, los intereses de demora se fueron acumulando hasta llegarse a unos 52.000 euros que le fueron imposibles de pagar, por lo que acabó perdiendo su piso.

Tanto Antonio, como otros afectados por casos similares, entre los que se encuentra Rafael Romero, vecino de Rota que también acabó perdiendo su casa, acabaron en los juzgados presentando diferentes denuncias contra Credijerez. Éstas desembocaron en una investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, que vio indicios de delito. Así, en un extenso informe habla que los denunciantes "no recibieron el dinero del crédito que solicitaron por medio de Credijerez"; que "se constata la pérdida patrimonial de los denunciantes"; que "se denota mala praxis por parte de Credijerez", así como " beneficio de terceros". Finalmente, gracias a esto se acabó imputando a cuatro personas que han sido las que a la postre se han sentado en el banquillo, entre ellas Juan Pedro Vega Gil, quien ha mantenido en los últimos años una particular guerra personal en los juzgados contra Luis Sojo, padre de otro de los denunciantes.

Roberto Carlos Ortega: Pedimos a su señoría que haga el esfuerzo de profundizar y de estudiar a fondo la documentación de la UDEV"

Pero volviendo al tiempo presente y al juicio en sí, es ese informe policial al que se ha agarrado Roberto Carlos Ortega, abogado de la acusación particular, para intentar demostrar la culpabilidad de los acusados, para los que pide una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de estafa, así como la obligación de indemnizar a sus defendidos, Antonio Soto y Rafael Romero, con 120.000 y 200.000 euros respectivamente, por los perjuicios causados contra ellos.

De todas maneras, para Ortega, “el asunto es muy complicado”. Y es que la Fiscalía no ha visto indicios de delito y ha pedido la absolución de los cuatro acusados. Por este motivo, señala que “lo que le hemos pedido a su señoría es que haga el esfuerzo de profundizar y de estudiar a fondo la documentación de la UDEV”. El letrado lamenta que la fiscalía no lo haya tenido en cuenta, a pesar de considerar que los argumentos que esgrime la Policía son “contundentes”.

Por su parte, tanto Juan Pedro Vega, como su abogado, Alfredo Velloso, salían del juzgado convencidos de que la sentencia será absolutoria, sobre todo tras la postura que mantiene el fiscal. Entre las causas que esgrimen para que esto sea finalmente así, señalan que ninguna de las viviendas que han perdido los denunciantes se la adjudicaron directamente los inversores, sino una Banco Santander y otra, Unicaja. “Si tú pides un préstamo a un banco y no pagas, qué pasa, pues que pierdes la casa. Esto es lo mismo. Estos señores pidieron unos préstamos, no pagaron y se adjudican a dos entidades financieras. De hecho, si esta querella hubiera sido contra dos bancos no estaría sentado nadie en el banquillo, porque desgraciadamente es lo normal. Lo único que pasa es que en este caso hablamos de inversores privados, pero al final el mecanismo es el mismo. Yo te doy un préstamo, tú me pides la cantidad que quieras, te doy unos plazos para pagar y si no pagas, desgraciadamente te ejecutan”, explica Alfredo Velloso.

Por su parte, Juan Pedro Vega incidió en el hecho de que la primera denuncia se formuló casi 20 meses después de producirse el crédito. “Esto denota que era para hacer una paralización en su momento del desahucio”.

Ahora sólo falta esperar la sentencia, que podría conocerse en un par de meses. De momento tras el juicio había caras largas entre las familias de los denunciantes, que ven complicada la cosa. Mientras tanto, y paradójicamente, la primera denuncia que se formuló, la de Fernando Sojo, sigue en periodo de instrucción.

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Ahora en portada
Lo más leído