El 'cerebro de la trama' justifica su ausencia en otra citación que tenía su abogado y no acude a la Audiencia Nacional. El resto de imputados, todos ligados a las empresas de la red, también se acogen a su derecho a no declarar ante el juez.
El presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, y los trabajadores de las empresas de la red, Javier Nombela e Isabel Jordán, también se han acogido a su derecho de no declarar en la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez', en la que se investiga la adjudicación de presuntos contratos irregulares entre el Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), antiguo organismo autónomo dependiente del Consistorio, y sociedades del entramado liderado por Francisco Correa, supuesto líder de la organización corrupta y que también estaba llamado a declarar este miércoles. En su caso, no ha acudido a declarar, pues su abogado tenía otra citación, según ha podido saber este medio.
Antes que ellos, este pasado martes, también se acogió a su derecho a no declarar el periodista Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Javier Arenas, quien fue imputado por haber mediado presuntamente en la adjudicación de los tres contratos. Igualmente comparecieron el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, quien habría "participado en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso posteriormente a la presentación de los servicios contratados". El primero tampoco aceptó declarar ante el juez, mientras que la segunda solo respondió a las preguntas de su abogado.
Según ha podido saber lavozdelsur.es, la trabajadora municipal imputada se ha limitado a responder en relación con sus funciones en el Ayuntamiento en aquella época, asegurando ante el juez que "me limitaba a hacer lo que me mandaban". La sentencia no dista mucho de las declaraciones que Juan Pedro Cosano, abogado defensor del otro técnico municipal imputado, realizaba a Radio Jerez, manteniendo que debe haber delito punible, no sería en todo caso achacable a los empleados del Ayuntamiento, poniendo el foco sobre la actuación política.
"La responsabilidad nunca sería técnica, sino política", aseveraba el letrado, que no obstante mantiene que las presuntas ilegalidades habrían prescrito. Un argumento que rechazaba Ruz en el último auto que firmó sobre la pieza jerezana de la Gürtel, reiterando que en este caso la prescripción no se produciría hasta finales de 2019, ya que se estaría ante un supuesto delito de prevaricación continuada, y el plazo legal no concluye hasta cumplidos los 15 años.
El último informe que recibió Ruz, el de la IGAE, alude a la presunta adjudicación irregular a empresas de la trama liderada por Francisco Correa del desembarco del Ayuntamiento de Jerez en la Fitur 2004, por un importe total de 343.537,58 euros. En dicho documento, no solo se resaltaba el papel de intermediación de Cuberos, por el que se embolsó más de 53.000 euros, sino que destacaba a Pelayo asegurando que, como presidenta del Instituto de Promoción de Jerez, "incumplió" los estatutos en al menos dos expedientes examinados, al adjudicar los contratos cuando esta decisión "correspondía al Consejo Rector" de la entidad.
"Al margen del stand y del espectáculo ecuestre, la IGAE mantiene que consta un contrato entre María José García-Pelayo y la trama para el desarrollo en Madrid de un espectáculo de flamenco coincidiendo con Fitur, que fue firmado "con posterioridad a la prestación del servicio".
Además en el expediente, que la también líder del PP jerezano sigue sin hacer público como prometió hace más de un año, consta un contrato entre María José García-Pelayo y la trama para el desarrollo en Madrid de un espectáculo de flamenco coincidiendo con FITUR, que fue firmado "con posterioridad a la prestación del servicio". Según la IGAE, todo se pergeñó, planificó y firmó en favor de la trama Gürtel, antes incluso de que se publicaran los criterios de adjudicación, "vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia" aplicables a la contratación pública.
Según la Fiscalía, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas "la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas". Además, habrían llevado a cabo "la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abono de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".