Si era una buena oportunidad para la plantilla municipal, que parece que sí, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno socialista. Podría parecer que estamos en 2009 y que el Ayuntamiento, en manos de Pilar Sánchez, ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 300 empleados públicos. Esta medida, de haberse pactado y gestionado bien, probablemente habría evitado lo que a la postre desembocó en un traumático ERE a manos del gobierno de Pelayo. La situación es radicalmente diferente ahora, consumado lo anterior. Se trata de consolidar empleo público, aunque el fregado municipal parece que vuelve a ser mayúsculo. El proceso de funcionarización, promoción interna y estabilización del personal temporal (donde tiene cabida el personal laboral indefinido, según ha dejado claro Función Pública) emprendido hace un mes en el Ayuntamiento de Jerez se ha convertido en una innecesaria tormenta perfecta para caldear el ya de por sí crispado ambiente entre el personal del Consistorio y las fuerzas políticas, principalmente entre PSOE, al frente del ejecutivo local, y el PP. Todo eso, a poco más de un año de las municipales. El Gobierno de Rajoy, en virtud de un acuerdo suscrito con las grandes centrales sindicales del país, CCOO y UGT —que no son precisamente las que tienen este papel en el Ayuntamiento, en manos de CGT y SIP—, pretende que antes de 2020 la tasa de temporalidad en las administraciones públicas no supere el 8% de los empleados públicos. En el caso de Jerez, apenas el 30% de la plantilla es funcionario de carrera, teniendo en cuenta además que de ese porcentaje la mayoría se corresponde con efectivos de la Policía Local (unos 300).
En este contexto, el gobierno local valora positivamente el acuerdo, pues uno de los grandes problemas de gestión que está encontrando en este mandato es la ausencia de funcionarios para, por ejemplo, instruir expedientes o hacer frente a contingencias diarias que no pueden ser asumidas por personal laboral. Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de Recursos, asegura que con el procedimiento puesto en marcha, en primer lugar, “se generaliza la posibilidad de su aplicación para toda las plazas que hayan sido ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017, para facilitar que a fin de 2019 la tasa temporal no supere el 8%. En segundo lugar, permite que de forma generalizada el proceso se pueda aplicar a todo el personal laboral indefinido ya sin ninguna limitación y como siempre hemos dicho, voluntariamente para el trabajador”.
La alcaldesa califica la medida de "paso histórico" en los Recursos Humanos del Consistorio.
Frente a este argumento, hay de todo. Desde CCOO y UGT, que se han puesto de lado del gobierno local aun con reticencias iniciales, hasta sindicatos como el del 092, SIP, que se muestran contrarios a una medida que, en su caso particular, no les incumbe, salvo por el hecho de que, a mayor número de funcionarios, menor peso sindical mantendrían en el futuro. "El proceso está mal planteado desde el principio porque no han hablado con nadie para negociar, pero la idea es buena, es beneficioso que el Gobierno incluya una tasa de reposición adicional para consolidar el empleo público; pero no es porque se les obligue, como dicen, sino al contrario, dan la posibilidad de estabilizar esas plazas”, explica a lavozdelsur.es el portavoz y candidato a la Alcaldía del PP, Antonio Saldaña, quien insiste que la medida no encierra bajo ningún concepto despidos. "Por las prisas, queriendo congraciarse con la plantilla, se les ha vuelto en contra y solo han generado incertidumbre. Hay que sentarse, poner unas bases y de aquí a seis años estabilizar a la plantilla”, opina el dirigente popular.
Lo difuso de la interpretación del acuerdo nacional, plagado de tantas aristas desde el principio que se volverá a actualizar, le llevó incluso a hablar en un principio de que la medida estatal apenas afectaba al Ayuntamiento jerezano, aunque luego Saldaña sí reconoció en un encuentro mantenido la pasada semana con los sindicatos que éste sí incluirá al personal laboral indefinido municipal. “Es ridículo y patético utilizar una grabación para decir que si yo dije eso o lo otro, hay que sentarse a negociar una medida que es positiva pero que han convertido en un embrollo del que no saben cómo salir”, insiste. Álvarez, por su parte, espera que se vayan sumando a las negociaciones el resto de sindicatos, pues “estamos convencidos de que se trata de una oportunidad extraordinaria para garantizar todos los puestos de trabajo, como pretende el acuerdo firmado a nivel nacional por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF”. La responsable municipal insiste en que “para cualquier trabajador es una garantía que estos tres sindicatos hayan negociado el acuerdo con el Ministerio de Hacienda y la Función Pública”.
"Por las prisas, una buena medida se les ha vuelto en contra", asegura Saldaña
Además, ha pedido a los sindicatos que aún no han querido participar en este proceso, que “por lo menos no confundan ni mientan, como han hecho en un comunicado reciente, y que al menos sean capaces de demostrar las acusaciones que han hecho”. CGT, SIP, CSIF y CGT han orquestado un conglomerado de extraños intereses que, por ahora, solo tienen una única diana: el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Mamen Sánchez. Aparte de mantener que la regidora socialista “miente” y maneja “intereses ocultos”, llegando a hablar de “ERE encubierto”, recuerda que la dirección de Función Pública ha dejado claro que, en el caso de oposiciones, “te vas a la calle, a coste cero”. “Nos mintió cuando dijo que si pasas a funcionario interno y posteriormente no accedes a la plaza de carrera por concurso oposición se buscaría la fórmula para no ir a la calle, todo lo contrario de lo dicho por el máximo responsable de la Dirección General de Función Pública”.
Mamen Sánchez ya explicó que "desde finales de los años 80 del siglo pasado, se dejaron de convocar oposiciones y los empleados entraban al Ayuntamiento mediante contrato laboral”, por lo que este es un "paso histórico" en materia de Recursos en el Consistorio. Además, recordó que a finales del año pasado ya se aprobó una primera Oferta de Empleo Público, que incluye la convocatoria por oposición libre de 15 plazas de funcionario (ocho de técnicos superiores, cinco de policías locales, una de auxiliar administrativo y una de subalterno). "Por primera vez en varias décadas la ciudadanía podrá participar en oposiciones libres para poder trabajar en el Ayuntamiento. Por primera vez en varias décadas, se va a cumplir con los principios constitucionales de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad para acceder al Ayuntamiento”, celebraba Sánchez, sin saber muy bien el dolor de cabeza que iba a representarle este espinoso asunto en el tramo final de un mandato en el que ya sabe bien lo que es combatir, y resistir, contra los representantes de los sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento.
Comentarios