La Guardia Civil ha investigado a dos personas por la caza furtiva de un corzo de alto valor medioambiental en una finca cinegética del término municipal de Jerez. El ejemplar, perteneciente a la especie Capreolus capreolus, destacaba por sus singulares condiciones morfológicas y era objeto de protección dentro del coto como parte de un programa de mejora genética de la especie. El caso ha sido abordado en el marco de la Operación Lodacan, desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y con la colaboración de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma).
La investigación comenzó tras la denuncia del guarda de la finca, quien alertó de la desaparición del animal, al que tenían “muy controlado por ser el más destacable de la zona”. Junto a la denuncia, aportó imágenes del corzo vivo dentro del recinto. Las primeras pesquisas confirmaron que el animal había sido abatido de manera ilícita, lo que activó una investigación centrada en identificar a los posibles responsables.
Imágenes, pruebas morfológicas y una coartada desmontada
Tras diversas gestiones, los agentes obtuvieron una fotografía en la que un hombre posaba junto al cuerpo de un corzo con rasgos coincidentes con el ejemplar desaparecido. La imagen fue remitida a la Unidad Técnica del Ucoma en Madrid, que emitió un informe pericial concluyendo que el animal de la fotografía y el de las imágenes aportadas por el guarda eran, sin duda, el mismo.
Una vez identificado el autor material de la caza, este defendió que el lance se había producido de forma legal, presentando un precinto para caza mayor expedido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Cádiz, así como el testimonio de un supuesto testigo que aseguró haberle autorizado a cazar en su finca. Sin embargo, los agentes comprobaron que el precinto no era válido y que ninguno de los implicados estaba autorizado a cazar en ese terreno.
El testigo faltó a la verdad "de manera consciente"
Las indagaciones determinaron que el testigo aportado había “faltado a la verdad de manera consciente e intencionada”, por lo que también ha sido investigado como presunto autor de un delito de encubrimiento. La investigación acredita que la versión ofrecida por ambos investigados buscaba justificar una caza ilícita, ocultando las circunstancias reales de lo ocurrido.
El trofeo del corzo, valorado en 6.403,33 euros, fue recuperado y puesto a disposición de la autoridad judicial. La explotación cinegética afectada ha tasado el daño ambiental y económico causado en 69.701,22 euros, y sus representantes tienen previsto personarse como perjudicados en el procedimiento judicial que se desarrollará en los próximos meses.