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La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan una organización que introducía legalmente a inmigrantes en la UE para explotarlos laboralmente en locales de comida rápida, algunos de ellos en Jerez.

Traían pakistaníes a España para trabajar en kebab y fruterías y explotarlos. Una banda dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, con todo un entramado empresarial repartido por las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y Cádiz, compuesto por 60 establecimientos, ha sido desarticulada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que ha acabado con la detención de 25 integrantes en España y cuatro en Polonia. En la operación también han colaborado la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwiślański de Polonia, coordinados por Europol, así como funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda. 

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, a raíz de diversas inspecciones realizadas en locales de hostelería de la provincia de Cádiz, detectaron que entre mediados de 2011 y finales de 2012 se había procedido a la apertura de un elevado número de establecimientos de comida rápida tipo "kebab" en la zona. Todos los locales reunían unas características comunes, la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní, y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.

A medida que las investigaciones fueron avanzando, los agentes comprobaron que la red de kebabs se extendía también a diversas localidades de otras provincias y que en Jerez había algunos locales dedicados a la venta de fruta y verdura. Con esas premisas, los investigadores empezaron a investigar en profundidad dichos locales y a sus titulares, ante la posibilidad de que pudieran estar llevando a cabo algún tipo de actividad delictiva y así, se detectaron tres cadenas distintas de kebabs, que respondían a nombres comerciales distintos pero, sin embargo, estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios. Un total de catorce locales en la provincia de Cádiz.

Todo este entramado empresarial era utilizado por la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes que introducían irregularmente, así como diversos beneficios sociales para los mismos. Por otra parte, los agentes corroboraron numerosos envíos de dinero desde España a Pakistán realizados desde diferentes locutorios también relacionados con el entramado investigado, así como graves  irregularidades cometidas en dichos envíos. Además, los supuestos empleados pagaban a la organización con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión y dependencia absoluta de la misma.

Los inmigrantes eran trasladados a España utilizando la "ruta central" (a través de Libia e Italia) o la "ruta oriental" (atravesando Turquía y Grecia) previo abono de unos 14.000 euros aproximadamente por cada uno de ellos. Durante las investigaciones han quedado de sobra acreditados los graves riesgos que suponían los trayectos a través del Mediterráneo para la vida de los inmigrantes que, en muchas ocasiones, viajaban hacinados en embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas y sanitarias.

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