Juan Manuel González Martínez es juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 Bis de Cádiz desde junio de 2017. Desde esa fecha, por estas dependencias judiciales han pasado 5.800 demandas, y a finales de febrero se habían resuelto 430 de ellas, lo que da idea del colapso que sufren. “Todo esto viene motivado por la falta de personal, tenemos dos jueces pero solo tres tramitadores”, explica González Martínez en el Colegio de Abogados de Jerez, donde acude para impartir el curso Condiciones generales de la contratación en créditos con garantía hipotecaria. “El problema es que hay un gran colapso de demandas, que se solucionaría si por parte de la entidad demandada se llegara a un acuerdo entre las partes, los bancos se ahorrarían las costas procesales, el cliente quedaría satisfecho y nos ahorraríamos demandas”, dice el juez gaditano.
El Real Decreto Ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo, aprobado en enero de 2017, marcaba las pautas a seguir para arreglar los litigios entre bancos y consumidores con estas cláusulas en sus préstamos hipotecarios, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara contra las entidades financieras, aunque su incidencia —pretendía descongestionar los juzgados— no se está notando demasiado. El propio Defensor del Pueblo habló recientemente del “fracaso” de esta norma, ya que el informe anual de esta institución recoge que eran más de 156.000 las demandas judiciales registradas en diciembre de 2017 en todo el país.
“El Supremo dijo que había que adoptar cierta flexibilidad en estos procedimientos”, sostiene el juez González Martínez, ya que apunta que “cada hipoteca es un mundo y nos estamos enfrentando a demandas tipo, en masa, idénticas, que creo perjudican al consumidor”. Por eso recomienda a los usuarios que busquen a un abogado “cercano” antes que a “grandes despachos que se anuncian en televisión”, porque él prefiere el trato “directo”, “porque los abogados locales tienen mayor poder de negociación entre las partes”.
El juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 Bis de Cádiz, que imparte un curso para abogados, asegura que “por ese volumen de trabajo te das cuenta en el juzgado de que las demandas se plantean de la misma forma y el perjudicado es el consumidor”. González Martínez asegura que los funcionarios judiciales “se dejan la piel”, ya que “trabajan más de lo que deben, hasta las 16:30 o las 17:00 horas, sin recibir compensación económica, porque ven que el juzgado está colapsado y no se avanza”. Los bancos, acusados de engañar a los consumidores incluyendo cláusulas suelo en las hipotecas, “está sufriendo la condena en costas”, sostiene González, quien añade que no se depuran responsabilidades contra los culpables de esta estafa porque “hacían los préstamos según la legislación vigente en España”.