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El gobierno local no aporta soluciones a los afectados y reclama a la Junta de Andalucía un nuevo decreto anti exclusión que "complete" las necesidades de unos teóricos beneficiarios de unos puestos de trabajo para tres meses por los que solo han cotizado 30 días y han perdido prestaciones sociales y la antigüedad en el paro.

La alcaldesa Pelayo ha recurrido una vez más a echar balones fuera y eximirse de responsabilidad alguna cuando hay un problema serio sobre su mesa. Como ya ocurriera con la huelga de basuras en noviembre de 2012 o con la errática política de Personal que sigue en el Consistorio, ahora ha puesto nuevamente a la Junta de Andalucía en la diana de los 433 trabajadores y trabajadoras afectados por la aplicación por parte del Ayuntamiento del decreto anti exclusión social que aprobó el gobierno autonómico. Los argumentos que dio la regidora popular en la reunión que mantuvo el pasado viernes por la tarde con los afectados no han sido demasiado convincentes.

"Estuvo fatal, dice que va a hacer un escrito para pedir a la Junta que haga otro decreto, cuando ella sabe demasiado bien que no lo va a hacer. Pero ella piensa que así echa balones fuera y ganará tiempo para aburrirnos", asegura uno de los empleados afectados, que de ser beneficiario de un empleo por tres meses para salir de la exclusión social se encuentran ahora con que han perdido toda prestación (incluso la antigüedad en el desempleo) por haber cotizado apenas un mes de los tres comprometidos.

Para esta semana, este amplio colectivo pretende volver a reunirse con grupos políticos y sindicatos con el objetivo de presionar para que el Ayuntamiento, que de momento no entiende este conflicto como suyo, adopte medidas compensatorias. "Hemos aplicado el decreto de la manera más beneficiosa para los trabajadores", aseguró el pasado viernes Pelayo, y aludió para descargarse de responsabilidad: "En otros ayuntamientos ha ocurrido lo mismo, cuando se aplica el decreto el tiempo de cotización no coincide con el tiempo de trabajo, pero eso es así". "Las consecuencias han sido las mismas para todos los ayuntamientos, no se ha cotizado por el tiempo suficiente para acceder luego a algún tipo de prestación", insistió, para pedir a la Junta que "complete este decreto con un nuevo decreto. Nosotros hemos hecho los deberes tal y como venían establecidos en el decreto".

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