El Ayuntamiento, una vez ponga en marcha el procedimiento, dará un plazo para que los propietarios 'registren' la sangre de sus mascotas, que quedará archivada en un banco de datos.
El Ayuntamiento ha emprendido una batalla contra los dueños de perros que no recogen sus excrementos. El problema, más acusado en algunas barriadas que en otras, hace que pasear por algunas zonas sea algo similar a cruzar por un campo de minas. En pleno ya salió adelante la propuesta, llevada por Ciudadanos y apoyada por PSOE, IU y PP, para poder identificar a los propietarios de mascotas que dejan las defecaciones en plena calle.
¿Pero cómo se localizará a los incívicos que no recojan los excrementos de sus perros? El procedimiento, que está en un proceso incipiente, pasa por empezar a redactar la pertinente ordenanza y, tras contar con el presupuesto necesario, dar un plazo de seis meses para que los propietarios de perros acudan al veterinario para que analicen la sangre de sus mascotas, que quedará registrada en un banco de datos.
Este servicio tendrá un coste, que el Ayuntamiento desconoce aún, pero que prevé compensar con lo que recaude con las previsibles multas que impondrá. En este punto es en el que difiere Ganemos, la única formación que no apoyó esta iniciativa, ya que supondría, a su entender, “un importante sobrecoste para las arcas municipales” en el desarrollo de una estrategia “que no compartimos del todo, pues podría originar aún más ilegalidad de la ya existente”.
El precio del análisis de sangre de las mascotas, que deberán costear los propietarios, ronda los 15 euros, y permitirá identificar a los incívicos que no recojan los excrementos. El plazo voluntario de seis meses, en un principio, puede ser ampliado en función de la acogida de esta medida y de la disponibilidad de presupuesto para ponerla en marcha.
Una vez pase el plazo dado para registrar el ADN de los perros, el Ayuntamiento dispondrá de personal municipal para, de forma aleatoria, recorrer barrios y recoger muestras de excrementos susceptibles de ser analizados. “Una vez se detecte el excremento del perro, se enviará a la empresa –propietaria del banco de datos, un servicio que tendrá que salir a licitación–, lo analizará y cotejará con el banco de ADN e identificará al perro con el dueño”, explica José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, que explica que se sancionará al infractor –las multas pueden llegar a ser hasta de 500 euros–, que deberá pagar también el coste de la muestra de ADN.
En los primeros meses de implantación de este sistema es previsible que haya perros que no estén censados, por lo que se realizarán rondas y, en el caso de localizar a perros indocumentados, también se sancionará a sus dueños. El objetivo es que, como ha ocurrido en otras ciudades, se reduzca considerablemente la cantidad de excrementos presentes en la vía pública. En municipios como la localidad valenciana de Xátiva se ha reducido hasta un 80%. Este trabajo “lleva su tiempo”, sostiene José Antonio Díaz, que asegura que no quieren hacer “ninguna chapuza” y que el Ayuntamiento no puede “mirar para otro lado” ante esta problemática.