Dos años después de cerrarse la privatización de Ajemsa por parte de la empresa Aqualia, la gestora por la defensa del agua ha realizado un balance, dividido en varias partes. En su primera, trata sobre las consecuencias que ya se evidencian y que desglosan en cuatro puntos.
El Ayuntamiento tiene que asumir un coste que es obligación de Aqualia, ya que si bien en el pliego de condiciones venía reflejado que ésta tenía que hacerse cargo de tres altos directivos de Ajemsa, a la postre esto no ha sido así. El resultado es que el Ayuntamiento los ha recepcionado como personal municipal, con un coste cercano a los 400.000 euros anuales. De otro lado, la empresa no asume ni reconoce el Convenio Colectivo en vigor de la plantilla de Ajemsa y presiona hasta pactar un acuerdo personal individual con cada trabajador subrogado, como 'garantía' de los derechos anteriores a la privatización (recogido en Pliego y Carta de Garantía aprobada por Pleno Municipal).
Así, se ha roto la unidad laboral de la plantilla, que se queda sin su convenio vigente y los catapulta a la mínima expresión que representa el Convenio Nacional de Aguas (Convenio Marco). Las diferencias son abismales y sobre todo, la incertidumbre es el punto de partida a la hora de negociar condiciones. Otro hecho destacado es el relativo al sacrificio de empresas locales externas que le trabajaban a Ajemsa. De un lado, Aqualia se ha deshecho del contrato que tenían con Insta, para la renovación del parque de contadores. Esto supone una media de cuatro puestos de trabajo local sacrificado. De otro lado, la nueva empresa no ha renovado el contrato mantenido entre Ajemsa y Bombas Ruiz para el mantenimiento de estaciones de bombeos, telecontrol, cloración, etcétera. Se puede valorar el daño en dos puestos de trabajo locales.
Además, forzada por el Pliego de Condiciones, Aqualia ha subrogado al personal de Imesapi, encargada hasta el momento de la privatización de los trabajos de mantenimiento del servicio de abastecimiento, alcantarillado y limpieza de imbornales y desatascos de saneamiento. Esto ha supuesto un reajuste de las condiciones laborales, amenazando con la “imposibilidad” de tener trabajo para todos (unos cincuenta operarios) con lo que dejan de ganar entre 2.000 y 8.000 euros anuales. Para ello y con el ánimo de no crear conflictos que les dañen, las contrataciones de este personal no lo hacen en la misma empresa sino en otra filial de FCC (Trainasa).
Antes, también les habían hecho romper con sus convenios, forzando los acuerdos individuales con cada uno de la plantilla entrante e integrándolos sin remisión al Convenio Nacional de Aguas. Esto ha provocado una diferencia discriminatoria atroz de derechos en sueldos, horarios y condiciones de trabajo entre los trabajadores de Aquajerez (antiguos de Ajemsa) y los de Trainasa: una hora de trabajo más diaria, sueldos mucho más bajos y organigrama y normas de mando totalmente distintos.
Por último, varios pequeños y medianos proveedores y contratas o empresas locales del sector han perdido definitivamente su relación con la nueva empresa. Es muy difícil de calcular los daños en este apartado, pero indirectamente los perjuicios son muy importantes. La multinacional concesionaria del agua trae su estructura ya montada de forma que la mayoría de sus necesidades laborales, logísticas o materiales, o bien son mediante filiales de la misma empresa matriz o acuerdos con otras del mismo sector multinacional, por lo que su beneficio laboral, económico o industrial se va fuera de la localidad.
Este daño, que siempre directa o indirectamente recae sobre los ciudadanos en general por ser clientes, son los siguientes: En primer lugar, se dejan de hacer trabajos de mantenimiento menores que antes con Ajemsa cubría el servicio, como reposición de llaves de paso, renovación de portillos, renovación de registros interiores, limpiezas de registros de saneamiento interiores o reparaciones de acometidas interiores. En este sentido, Aqualia se apoya en la normativa técnica legal, que no le obliga (los hacia Ajemsa sin estar obligada, como servicio ciudadano). En segundo lugar, se han restringido los pagos en bancos, para no tener que pagar el mantenimiento de esas operaciones. La asistencia a las oficinas centrales, para hacer el pago directamente, se incrementa enormemente, lo que está suponiendo un incordio para los ciudadanos. En tercer lugar, lo que más afecta al ciudadano, el incremento de la factura.
Así, la coordinadora del agua recuerda que hubo una subida, poco antes de la firma de la venta de la empresa -sin informe técnico que lo justificara- del 3,4%, que sin duda alguna estaba guiada desde la nueva empresa para luego no tener que hacerla en el primer tramo de privatización, hasta las elecciones municipales del 2.015. Luego seha producido una subida sobre el IPC del 0,4% y por último la carga del IPC a todos los conceptos facturados, que antes por ser pública no estaba obligada Ajemsa. Esto ha supuesto que, en poco más de un año de vida privada del agua en Jerez, muchos tramos y tarifas se hayan visto incrementados una media por encima del 11%. Hay que tener en cuenta que los ingresos anuales que hacen los jerezanos sobre el ciclo integral del agua son de casi treinta millones de euros, por lo que este aumento supone un escandaloso beneficio para la empresa y un acoso a los ciudadanos.
Por último, han aumentado los procesos de corte de suministro por débito. Ajemsa ofrecía más flexibilidad, acuerdos e incluso hacía la vista gorda en los casos de impagos por necesidad. Ahora, si alguien no puede pagar, tiene que pasar por Bienestar Social y si reúne las condiciones que prevé esta delegación (mal basadas en parámetros de máxima pobreza) es el Ayuntamiento quien hace frente a esa deuda. Antes también era así, pero Ajemsa desde hace lustros también era una entrada permanente de caudales para las arcas municipales. Por lo tanto, las ayudas que la propia alcaldesa declara que se han duplicado desde que está privatizada supone otro daño económico para los jerezanos, ya que las partidas de ayudas sociales para otro conceptos se empobrecen peligrosamente.
Aunque la subida de los recibos es importante, no es en ningún caso el daño más relevante. Y es que, ni siquiera se le está haciendo a Aqualia un seguimiento desde el Consistorio, cosa que por cierto deriva en otro Incumplimiento de Pliego, donde se establecía la creación de un STM (Servicio Técnico Municipal) integrado por dos personas preparadas y dedicadas a controlar la eficacia de la gestión y el cumplimiento de lo establecido en el Pliego. Sin embargo, los costes del mantenimiento y las obras que hace Aqualia son un chollo, ya que ella regula y valora los trabajos y certifica las obras, por lo que todo queda en casa, sin ningún tipo de control público. Además, el pliego regulaba que la empresa entrante invertiría en mejoras del servicio un millón de euros anualmente con incremento del IPC hasta 2038. Hasta este momento (ya van para dos años) aún no ha invertido nada en este particular. Por tanto, otro claro incumplimiento del pliego.
Independientemente de los daños económicos y sociales que representa la privatización del servicio de aguas de Jerez, hay otras cuestiones que no se pueden desdeñar por su directo efecto negativo sobre la ciudadanía. El servicio de aguas de Jerez tiene a sus espaldas cerca de siglo y medio de historia. Una historia que ha sido escrita por generaciones gracias al esfuerzo ciudadano y que forma parte del patrimonio de Jerez. Al venderse la empresa de nuestro agua, se ha vendido nuestro patrimonio, que además era envidiado por otras poblaciones. De hecho, nuestra estructura como servicio de agua municipal estaba en muy alto listón del ranking de calidad de empresa gestora de agua urbana, e incluso ciudades europeas de importancia se fijaron en nuestra empresa como modelo a seguir.
La privatización de nuestra agua urbana supone también la deshumanización del servicio. Lo que antes la población entendía como un servicio que les correspondía y reconocía como “una cosa suya, del pueblo”, viendo a sus operarios cariñosamente como “la gente del agua”, ahora comienza a verla como otro producto más macro comercializado, que les llega con unas condiciones impuestas desde “arriba, de fuera de Jerez". Esto se refleja a diario, en el trato humano perdido de su plantilla hacia la propia ciudadanía. La “gente del agua” ahora son “los tíos de Aqualia”, a los que se teme por si llegarán para “cortarles el agua” o a hacerles alguna faena que tendrán que pagar, no como antes. Y lo más peligroso, este nuevo ambiente hostil entre los usuarios del agua y los trabajadores se ha convertido en un “alto riesgo” de agresividad, que en algunos casos ha llegado a tener consecuencias físicas o verbales.
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