La plataforma Apemsa No Se Vende ha solicitado al Ayuntamiento de la vecina El Puerto, gobernando por un pacto entre PP y PA, que anule la privatización de la empresa local de aguas a manos de la compañía Aqualia (grupo FCC), la misma empresa a la que el gobierno local jerezano adjudicó la gestión del ciclo integral del agua el año pasado. Esta plataforma, según recoge el diario El País, reclama este extremo tras conocer el escrito del Ministerio Fiscal en el que señala que hay indicios de presunta prevaricación y malversación en la concesión de obras a esta sociedad. La fiscalía ha solicitado la imputación de los miembros del consejo de administración de Apemsa que aprobaron en 2010 la prórroga durante seis años y sin concurso público de concesiones de obras a Aqualia, entre ellos al exalcalde Enrique Moresco y a su sucesor, el también popular, Alfonso Candón.
La denuncia de los vecinos finalmente ha sido determinante en el escrito de la fiscalía que en 22 folios, publica el rotativo en su edición de Andalucía, relata cómo la concesionaria recibió presuntamente encargos de reparaciones y mejoras de las instalaciones pese a la falta de liquidez municipal. E incluso insiste en el escrito, detalla El País, que "se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad". Según recoge también Diario de Cádiz, la plataforma de vecinos portuenses asegura que este episodio es tan solo "la punta del iceberg" de una serie mucho más larga de presuntas irregularidades en la gestión de la empresa de aguas de El Puerto y "que figuran en otra denuncia presentada en abril ante la Fiscalía (por el supuesto falseo de datos en la depuración de las aguas) y enlazan estos asuntos con la operación de venta de acciones de la empresa, que también está recurrida ante la justicia". La plataforma se ha marcado "demostrar la existencia de una trama para favorecer a Aqualia" y estudia también personarse en una denuncia que ya ha sido remitida a los juzgados portuenses.
La plataforma se agarra a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para seguir batallando. Allí, después de la intervención judicial, también Aqualia tuvo que devolver la gestión del agua al Consistorio. No obstante, en el caso de la vecina El Puerto, ni el popular Alfonso Candón, que se mostrado confiado en que el caso no vaya a más, ni su socio andalucista tienen pensado remunicipalizar las aguas de los portuenses.
En Jerez, la empresa ha protagonizado ya diferentes episodios negativos que no han hecho más que enturbiar el tortuoso camino seguido hasta la privatización que emprendió el gobierno de Pelayo. Por ir a lo más reciente, la coordinadora en defensa del agua y la organización de consumidores Facua ha presentado recientemente una denuncia contra Aqualia por la utilización y tráfico de datos de usuarios con terceros. Hoy mismo la coordinadora ha remitido un comunicado en el que se hace eco del hecho de que Andalucía haya cogido el relevo de "una carrera iniciada en Aragón, donde casi una veintena de entidades han firmado un compromiso para dejar el agua al margen de las leyes del mercado". En este sentido, informa la plataforma jerezana, organizaciones ciudadanas, ecologistas y otras plataformas andaluzas, así como partidos políticos, preparan ya una propuesta similar, un pacto para que este recurso esté siempre en manos públicas.
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