Los tres primeros juicios por demandas individuales interpuestas contra el Ayuntamiento por afectados por el expediente de regulación de empleo que el gobierno local del PP promovió en marzo de 2012 han quedado aplazados. Según ha sabido este medio, estas tres primeras vistas programadas para este jueves 5 de febrero no se celebrarán finalmente después de ser concedido el aplazamiento a petición de Deloitte, la consultora externa que ha vuelto a contratar el ejecutivo de la alcaldesa, María José García-Pelayo, para que se haga cargo de la defensa jurídica. Según ha informado la plataforma de afectados por el ERE en el Ayuntamiento, el argumento que ha esgrimido la empresa para reclamar la suspensión estriba en el hecho de que la letrada que debía personarse en los Juzgados tiene que asistir a otro juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El aplazamiento se ha ido mascullando a lo largo de todo el día, lo que ha generado aún más inquietud entre los afectados, que casi dos años y medio después de que fuesen despedidos esperan que estas demandas fructifiquen y puedan poner fin a un largo calvario j
udicial. "Desde la PAE consideramos que esto es una tomadura de pelo y una inmensa desconsideración hacia trabajadores y trabajadoras que llevan dos años y medio de sufrimiento", han mantenido en declaraciones a este medio. Como adelantó la pasada semana La Voz del Sur, el gobierno local está dispuesto a afrontar unos gastos superiores a los 120.000 euros de dinero público para que la consultora Deloitte intente terminar lo que empezó. El gobierno local sigue sin aclarar, por cierto, cómo se ha producido la contratación de esta empresa -conocida, por ejemplo, por las auditorías de Caja Madrid y Bankia-, pero en la web municipal ya aparece que el procedimiento de adjudicación se ha tramitado por procedimiento negociado sin publicidad (ver captura de pantalla adjunta). Al parecer, la Intervención Municipal ha arrojado serios reparos a dicha adjudicación.
Como es sabido, las vistas individuales por las demandas interpuestas por numerosos afectados -solo el bufete del letrado Antonio Ortega acumula más de 50 casos- son el último recurso de muchos de los afectados para lograr la readmisión en sus puestos de trabajo. El camino seguido desde aquel fatídico viernes de marzo de 2012 pasó por una sentencia colectiva en primera instancia, en el TSJA, que declaraba el ERE “no ajustado a derecho” por haberse procedido a una selección “arbitraria” de los afectados, basándose en criterios tan subjetivos y aleatorios como que los desafortunados eran “los más vagos, flojos y quejicas”. A mediados del año pasado, en cambio, el Tribunal Supremo daba la razón al gobierno de Pelayo aunque con una fuerte contestación a través de un voto particular de seis miembros de la sala en el que se pedía la anulación del expediente.
Se espera que las primeras sentencias por estas demandas individuales contra la gestión de personal del gobierno popular puedan conocerse en el mes de marzo, lo que de resultar desfavorables para los intereses del PP también redundaría de una u otra manera, y con toda probabilidad, en las próximas elecciones municipales. A los más de 120.000 euros que se embolsaría con este nuevo contrato gracias al gobierno de Pelayo, Deloitte acumula unos ingresos de unos 60.000 euros en concepto de tramitación del ERE del Ayuntamiento, otros 20.000 euros por el recurso de casación al Tribunal Supremo al haber sido declarado el expediente como no ajustado a derecho en el TSJA, y otros casi 21.000 euros por acometer el proyecto de remodelación de las empresas municipales que, finalmente, ha sido elaborado por técnicos de la ‘casa’.
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