La pieza jerezana de la Gürtel no solo no ha prescrito, sino que la Fiscalía Anticorrupción cerca a María José García-Pelayo como firmante de los presuntos contratos ilegales firmados con empresas de la red de Francisco Correa para el desembarco del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004. El caso estalla casi definitivamente -la alcaldesa, senadora y candidata del PP es aforada- a cinco días de las elecciones municipales a raíz de un escrito que la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha presentado ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que antiguamente llevaba el juez Pablo Ruz, el cual reabrió esta pieza, y cuya instrucción ahora impulsa el juez José de la Mata. Según la resolución, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, la fiscalía entiende que “con el fin de favorecer los intereses adjudicatarios, eludiendo los requisitos, el 4 de agosto de 2004 se aprobó por la presidenta del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC) -la también por aquel entonces alcaldesa Pelayo- el pago de la factura correspondiente”. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, se "ordenó" que el pago se realizara "en la forma convenida".
Unas contrataciones que, según recuerda el Ministerio Fiscal, estuvieron plagadas de supuestas irregularidades, y que se concretaron en 343.537,58 euros con cargo a las arcas municipales. Solo el conseguidor de los contratos, el ex jefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cubero, se embolsó más de 53.000 euros por su papel de intermediación, como ya acrediaron Policía Judicial (UDEF) y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Según la fiscalía, cuyo escrito está en poder del magistrado De la Mata, en la concesión se vulneraron “los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”, además de dejar claro que toda la operación estaba programada de antemano para que se la llevaran las empresas de Correa. El propio Cuberos, que por aquel entonces según el PP iba a asesorar "gratis" al Ayuntamiento jerezano, admitió ante el juez, en su declaración como imputado hace unas semanas, que estaba "muy orgulloso" del trabajo realizado.
Como se recordará, a finales de abril todos los imputados hasta el momento por la denominada pieza jerezana de la Gürtel -dos técnicos municipales, Correa y su 'mano derecha', Pablo Crespo, Cuberos y otros empleados del entramado- se acogieron a su derecho a no declarar, alegando principalmente que no se habían resuelto sus recursos solicitando la prescripción de los posibles delitos de los que se les imputan. El propio Ruz dejó emitido un auto antes de ser relevado en la instrucción asegurando que la prescripción por delito de prevaricación continuada no se cumpliría hasta finales de 2019. Ahora Anticorrupción deja claro que los presuntos delitos no han prescrito.
A raíz del informe ampliatorio y definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que el juez Pablo Ruz recibió a principios de marzo pasado tras un año de espera, el magistrado requirió al Ayuntamiento de Jerez para que identificase a dos trabajadoras municipales (Elena y Silvia, sin más referencias) que aparecen en las anotaciones de las reuniones preparatorias (en noviembre de 2003) entre un responsable del Instituto de Promoción de la Ciudad, presidido entonces por Pelayo, y Cuberos. Según adelantó este medio, el 11 de marzo pasado se recibió oficio del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional instando al Ayuntamiento a que informara tanto de las funciones de Lourdes Montenegro (que ya acudió a declarar como imputada), y las citadas Elena y Silvia durante los años 2003 y 2004. Sin embargo, dos meses después, han asegurado las mismas fuentes, desde el Consistorio no se ha respondido al requerimiento judicial, "se supone que dilatando y retrasando la contestación antes de las municipales".
El proceso que se abre a partir de ahora es más complicado dada la condición de aforada de Pelayo al ser senadora. No obstante, según publica elplural.com, fuentes jurídicas señalan que los siguientes pasos más probables serán que el juez de la Mata asuma como suyo el escrito de la fiscalía y que a partir de ahí, y ante la existencia de una persona aforada, eleve el escrito al Supremo para que allí se pueda imputar a la candidata del PP para el Ayuntamiento de Jerez.
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