La edil de IU y la familia del escritor no llegan a un acuerdo en el acto de conciliación. La concejal afirma que en sus declaraciones "hacía referencia a una participación activa de José María Pemán en un golpe militar".
Llegó Ana Fernández en bicicleta a la sede del juzgado de primera instancia número 6, en el edificio Índico, anexo al histórico Merca 80 San Benito. La ató delante de la puerta, en una señal de tráfico, para luego abrazarse y saludar a compañeros de partido y amigos, miembros de colectivos como la plataforma por la Memoria Democrática y diferentes sindicalistas que también acudieron para arroparla.
Allí estaba también Ciro Morales, otro jerezano con problemas con la Justicia simplemente por mostrar su opinión contraria a las políticas de recorte del gobierno catalán en 2011. Ciro, que fue condenado a tres años de prisión y que sigue a la espera de conocer si prospera su petición de indulto, quiso así solidarizarse con la causa de la concejal de Izquierda Unida.
El acto de conciliación por la demanda de la familia Pemán contra Ana Fernández estaba fijado para las 11 y cuarto. A esa hora, entre aplausos, subía la concejal al juzgado junto a la abogada de IU, Amanda Meyer. En principio todos creían que la cosa iría rápido, pero hasta pasadas las 12 y media no se conocía que el acto había comenzado. Fuera, algunos mitigaban la espera con cafés. Otros, en corrillos, opinaban acerca del caso, considerando que la historia no se puede cambiar y que por eso mismo queda retratada la figura de José María Pemán si de su participación en la dictadura se refiere.
A la 1, nuevamente entre aplausos, hacía su aparición Ana, flanqueada por su abogada, por el número 1 de IU en Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo y por el coordinador local del partido, Juan Antonio Jiménez. Un poco nerviosa, Fernández manifestó que si bien hubo un intento de llegar a un acuerdo con la familia Pemán, representada por su abogado, el mismo no fue posible. “He reiterado mi posición en lo que dije en el pleno, siempre contextualizando a que hacía referencia a una argumentación y a una participación activa de José María Pemán en un golpe militar y en la dictadura franquista”.
Fernández también explicó que trasladó a la parte demandante que “lamentaba” si con sus declaraciones en el pleno “podría haber dañado a los descendientes de Pemán, ya que no estaban dentro de mis perspectivas causar algún tipo de malestar a su familia, porque ellos no son para nada culpables de los actos cometidos por su familiar en años anteriores”.
Por su parte, Meyer explicó que durante el acto presentaron la declaración íntegra de Ana en el pleno, “contextualizada siempre en el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, dejando claro que los epítetos que se dirigen a la figura pública e histórica de José María Pemán son referentes a su activa participación en el golpe militar del 36 y que tuvo consecuencias conocidas y a la dictadura militar franquista que es, según la ONU, causa de delitos de lesa humanidad en este país”.
Preguntada por si en España se había dado algún procedimiento de reclamación de reparación del honor por calumnias, derivado de una expresión pública de condena a una figura, la letrada afirmó desconocerlo, si bien volvió a reiterar que “aquí ha habido un cargo público que en la escenificación de un pleno y que con su derecho a la libertad de expresión se ha referido a la retirada de un busto de una persona que tiene acreditada su participación en un momento muy negro de la historia de España”.
Igualmente, considera que no sería "deseable" por parte de la familia Pemán el presentar una querella. “Llegaríamos a un juicio donde no se enjuiciaría la figura de la concejal Ana, sino que se enjuiciaría la figura de José María Pemán, algo que sería muy doloroso para la familia".
Hasta el momento este medio desconoce por parte del bufete Cosano, que es quien representa los intereses de la familia Pemán, si finalmente presentará o no la querella contra Ana Fernández.
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