Adelante Andalucía ha mantenido un encuentro con las familias afectadas por el caso de presuntos malos tratos en la escuela infantil de La Granja, en Jerez, donde los padres y madres expresaron su “profunda preocupación” y una “sensación de abandono institucional” ante la gravedad de los hechos y las secuelas que sufren sus hijos e hijas.
El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, denunció que “unque la vía judicial sigue su curso, la ayuda a las personas afectadas no puede esperar", lamentando la falta de respuesta del Ayuntamiento y la ausencia de recursos de apoyo psicológico. "Desde Adelante Andalucía denunciamos la total dejadez del Ayuntamiento en proporcionar ayuda en este grave caso. Es vital que estas familias, y especialmente los niños y niñas que han sufrido este suceso, reciban toda la atención posible de forma urgente".
El grupo político ha solicitado la implicación inmediata de las delegadas municipales Nela García (Educación, Empleo y Consumo) y Yessika Quintero (Inclusión Social y Familia), para garantizar apoyo psicológico gratuito y un seguimiento institucional activo. Además, Adelante ha pedido la intervención de la Junta de Andalucía y de la consejera Loles López, reclamando la activación de los protocolos de protección a la infancia que, según afirman, aún no se han puesto en marcha.
Las familias lamentan que, pese a la manifestación realizada hace una semana, ningún representante del gobierno local acudiera a mostrar apoyo ni se haya producido una reunión con responsables institucionales. Por ello, Adelante insta a que las administraciones se personen en el centro educativo y ofrezcan acompañamiento en el aula afectada, donde los menores siguen arrastrando el trauma de las presuntas agresiones, pese a la suspensión de la trabajadora implicada. "Estas familias no pueden costear recursos privados. Es una cuestión de justicia y de derechos: las instituciones deben actuar ya".
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial. La presunta agresora fue detenida tras la instalación de cámaras por parte del centro, cuyos vídeos —según fuentes de la investigación— mostrarían pellizcos, tirones de pelo y gestos violentos hacia los pequeños, unos hechos que han conmocionado a toda la comunidad educativa de Jerez.