Parte de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez está de nuevo en pie de guerra. Cada martes, trabajadores municipales han sido convocados a las puertas del Consistorio para exigir el cumplimiento de la Ley y la defensa de sus derechos laborales. Este martes no será una excepción: entre las 9.30 y las 11.00 horas, la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ), UGT y CCOO han convocado una nueva movilización —el segundo llamado 'martes negro'— frente al edificio principal de la administración jerezana, en respuesta a lo que describen como incumplimientos reiterados por parte del gobierno del PP de María José García-Pelayo.
La formación política Adelante Andalucía en Jerez ha decidido sumarse públicamente a estas reivindicaciones tras reunirse con los representantes sindicales para escuchar de primera mano las denuncias de "maltrato laboral" dirigidas tanto a la delegada de Recursos Humanos, Yessika Quintero, como a la propia alcaldesa.
El encuentro sirvió para trasladar a la formación un diagnóstico que los sindicatos califican de grave: la gestión del personal municipal sería arbitraria, ajena al interés del servicio público y desconectada de las necesidades reales de atención ciudadana.
Una promesa que, según los sindicatos, solo sirvió para ganar la Alcaldía
El portavoz local de Adelante en Jerez, Carlos Fernández, ha sido especialmente contundente en sus declaraciones. Según Fernández, la alcaldesa García-Pelayo habría utilizado "de manera engañosa" la buena voluntad de la plantilla, prometiendo mejoras concretas a través de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral, firmado en marzo de 2024, y de un acuerdo de junta de gobierno local para el personal funcionario. Unos compromisos que, a su juicio, no se están cumpliendo en la práctica y que habrían servido únicamente para conseguir la alcaldía.
La denuncia no es menor. Un convenio colectivo es un acuerdo jurídicamente vinculante, y su incumplimiento por parte de una institución pública tiene implicaciones que van más allá del ámbito laboral. Fernández ha subrayado precisamente ese punto: "Una institución pública como el Ayuntamiento de Jerez y su alcaldesa deberían dar ejemplo", y ha advertido de que ignorar lo firmado envía un mensaje peligroso a toda la población trabajadora, alineando al consistorio con aquellas empresas que vulneran derechos laborales.
Nuevo personal sin cubrir los servicios esenciales: el caso de la OAC y las bibliotecas
Entre los ejemplos concretos que los representantes de ATMJ, UGT y CCOO trasladaron a Adelante durante la reunión, destaca uno especialmente ilustrativo: el personal de nuevo ingreso no se está destinando a cubrir las vacantes en servicios de atención directa al ciudadano, como la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), las bibliotecas u otros servicios esenciales. Una decisión que, según los sindicatos, refleja que las prioridades del equipo de Recursos Humanos no están alineadas con las necesidades reales del municipio ni con los ciudadanos que dependen de esos servicios.
A ello se suman otras irregularidades de mayor calado legal. Adelante considera "especialmente grave" que el gobierno municipal no esté respetando los plazos legales en los procesos de oposición, ni devolviendo las tasas de oposiciones caducas a quienes las abonaron. Y, en lo que quizás sea el dato más llamativo de todos, los técnicos aseguran haber recibido en reuniones con la delegada de Recursos Humanos y la alcaldesa la afirmación de que el gobierno no tiene intención de actuar en defensa de los técnicos, consolidando así un incumplimiento que ya no sería accidental sino declarado.
Ante esta situación, Adelante Andalucía ha hecho suyas las reivindicaciones de la plantilla y exige que se restablezca el cumplimiento de los acuerdos firmados. Las movilizaciones de cada martes continúan siendo la respuesta visible de unos trabajadores que, de momento, no tienen intención de ceder.