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Adelante Andalucía ha reclamado al gobierno municipal de Jerez que aproveche el desarrollo urbanístico previsto en los terrenos de la antigua fábrica de botellas para aumentar hasta, al menos, el 50% el porcentaje de viviendas protegidas previsto en el sector, adaptando así la operación a la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa actualmente la ciudad.
La formación recuerda que la transformación de estos suelos industriales en residenciales fue aprobada en 2010, en un contexto completamente diferente al actual. Desde entonces, el precio de la vivienda ha aumentado de forma continuada, el alquiler se ha convertido en una de las principales preocupaciones de miles de familias y el acceso a una vivienda digna se ha alejado especialmente de las personas jóvenes y trabajadoras. "Las decisiones urbanísticas no pueden quedarse congeladas durante quince años mientras cambia la realidad social. Si hoy existe una emergencia habitacional, el Ayuntamiento tiene la obligación de adaptar los desarrollos urbanísticos a esa nueva situación. No tiene sentido mantener los mismos porcentajes de vivienda protegida que se fijaron cuando el problema era muy distinto", señala la formación.
Otros municipios ya superan el 50% de vivienda protegida
Adelante Andalucía recuerda que otros municipios ya están exigiendo porcentajes de vivienda protegida superiores al 50% en determinados desarrollos urbanísticos para responder al actual problema de acceso a la vivienda. "Si otros gobiernos están aumentando la reserva de vivienda protegida porque entienden que la situación lo exige, no se entiende que María José García-Pelayo no haga lo mismo en una de las mayores operaciones urbanísticas que va a desarrollarse en Jerez y mire por la gente en vez de mirar por los empresarios del ladrillo", ha señalado la formación.
Para Adelante Andalucía, la construcción de 842 viviendas —es el máximo que recoge el PGOU, si bien no se ha concretado ni que esta vaya a ser finalmente la cantidad, ni cuántas de ellas serán protegidas— no puede presentarse como una solución suficiente si el Ayuntamiento no explica cuántas serán realmente asequibles, qué régimen de protección tendrán, qué precio máximo de venta o alquiler se prevé y qué mecanismos utilizará para impedir que estas viviendas acaben formando parte de operaciones especulativas.
"La reclasificación de estos terrenos fue un auténtico tongo"
El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha recordado además que el origen de esta operación urbanística sigue dejando muchas preguntas sin responder. "La reclasificación de estos terrenos fue un auténtico tongo. Al Gobierno municipal de 2010 se le aseguró que la actividad industrial se trasladaría a la Ciudad del Transporte para mantener el empleo en Jerez, pero la realidad fue muy distinta: la fábrica terminó marchándose fuera de la ciudad, agravando aún más el problema del desempleo. La propiedad obtuvo una enorme revalorización de esos suelos mientras Jerez perdió industria y puestos de trabajo", ha denunciado Fernández.
El portavoz sostiene que ese precedente obliga ahora a exigir una mayor contraprestación social en el desarrollo residencial. "Quien obtuvo ese beneficio gracias a una reclasificación urbanística está en deuda con toda la ciudad. Esa deuda debe saldarse garantizando el máximo número posible de viviendas protegidas y poniendo el interés general por delante de cualquier operación especulativa", ha añadido.
Junto a esta exigencia, Adelante Andalucía vuelve a reclamar transparencia sobre una actuación que considera una de las operaciones urbanísticas más importantes de los últimos años. La formación pregunta quién promoverá finalmente el desarrollo residencial anunciado y por qué el Gobierno municipal sigue sin informar con claridad sobre los agentes que impulsarán una actuación de esta dimensión. "La ciudadanía tiene derecho a conocer quién está detrás de una operación que transformará un espacio tan importante para la ciudad y qué compromisos existen respecto al interés general. No es aceptable que se anuncien cientos de viviendas mientras sigue siendo un misterio quién desarrollará realmente el proyecto", concluye Fernández.
Con esta petición, Adelante Andalucía se suma al debate abierto en numerosas ciudades españolas sobre cómo adaptar los grandes desarrollos urbanísticos a la actual crisis de vivienda, exigiendo que operaciones aprobadas hace más de una década se revisen a la luz de una realidad social muy distinta a la de entonces.
Adelante Andalucía ha reclamado al gobierno municipal de Jerez que aproveche el desarrollo urbanístico previsto en los terrenos de la antigua fábrica de botellas para aumentar hasta, al menos, el 50% el porcentaje de viviendas protegidas previsto en el sector, adaptando así la operación a la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa actualmente la ciudad.
La formación recuerda que la transformación de estos suelos industriales en residenciales fue aprobada en 2010, en un contexto completamente diferente al actual. Desde entonces, el precio de la vivienda ha aumentado de forma continuada, el alquiler se ha convertido en una de las principales preocupaciones de miles de familias y el acceso a una vivienda digna se ha alejado especialmente de las personas jóvenes y trabajadoras. "Las decisiones urbanísticas no pueden quedarse congeladas durante quince años mientras cambia la realidad social. Si hoy existe una emergencia habitacional, el Ayuntamiento tiene la obligación de adaptar los desarrollos urbanísticos a esa nueva situación. No tiene sentido mantener los mismos porcentajes de vivienda protegida que se fijaron cuando el problema era muy distinto", señala la formación.
Otros municipios ya superan el 50% de vivienda protegida
Adelante Andalucía recuerda que otros municipios ya están exigiendo porcentajes de vivienda protegida superiores al 50% en determinados desarrollos urbanísticos para responder al actual problema de acceso a la vivienda. "Si otros gobiernos están aumentando la reserva de vivienda protegida porque entienden que la situación lo exige, no se entiende que María José García-Pelayo no haga lo mismo en una de las mayores operaciones urbanísticas que va a desarrollarse en Jerez y mire por la gente en vez de mirar por los empresarios del ladrillo", ha señalado la formación.
Para Adelante Andalucía, la construcción de 842 viviendas —es el máximo que recoge el PGOU, si bien no se ha concretado ni que esta vaya a ser finalmente la cantidad, ni cuántas de ellas serán protegidas— no puede presentarse como una solución suficiente si el Ayuntamiento no explica cuántas serán realmente asequibles, qué régimen de protección tendrán, qué precio máximo de venta o alquiler se prevé y qué mecanismos utilizará para impedir que estas viviendas acaben formando parte de operaciones especulativas.
"La reclasificación de estos terrenos fue un auténtico tongo"
El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha recordado además que el origen de esta operación urbanística sigue dejando muchas preguntas sin responder. "La reclasificación de estos terrenos fue un auténtico tongo. Al Gobierno municipal de 2010 se le aseguró que la actividad industrial se trasladaría a la Ciudad del Transporte para mantener el empleo en Jerez, pero la realidad fue muy distinta: la fábrica terminó marchándose fuera de la ciudad, agravando aún más el problema del desempleo. La propiedad obtuvo una enorme revalorización de esos suelos mientras Jerez perdió industria y puestos de trabajo", ha denunciado Fernández.
El portavoz sostiene que ese precedente obliga ahora a exigir una mayor contraprestación social en el desarrollo residencial. "Quien obtuvo ese beneficio gracias a una reclasificación urbanística está en deuda con toda la ciudad. Esa deuda debe saldarse garantizando el máximo número posible de viviendas protegidas y poniendo el interés general por delante de cualquier operación especulativa", ha añadido.
Junto a esta exigencia, Adelante Andalucía vuelve a reclamar transparencia sobre una actuación que considera una de las operaciones urbanísticas más importantes de los últimos años. La formación pregunta quién promoverá finalmente el desarrollo residencial anunciado y por qué el Gobierno municipal sigue sin informar con claridad sobre los agentes que impulsarán una actuación de esta dimensión. "La ciudadanía tiene derecho a conocer quién está detrás de una operación que transformará un espacio tan importante para la ciudad y qué compromisos existen respecto al interés general. No es aceptable que se anuncien cientos de viviendas mientras sigue siendo un misterio quién desarrollará realmente el proyecto", concluye Fernández.
Con esta petición, Adelante Andalucía se suma al debate abierto en numerosas ciudades españolas sobre cómo adaptar los grandes desarrollos urbanísticos a la actual crisis de vivienda, exigiendo que operaciones aprobadas hace más de una década se revisen a la luz de una realidad social muy distinta a la de entonces.
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